El alcalde de Puebla de Cazalla, Emilio Pozo (en el centro), visitó Eivissa en precampaña electoral en mayo de 1999.

El alcalde de Puebla de Cazalla, Emilio Pozo, pidió la ayuda del alcalde de Eivissa, Xico Tarrés, para que facilitara una vivienda a un grupo de vecinos de este pueblo sevillano que vienen a trabajar en temporada. Durante este año, el Ayuntamiento de Eivissa lleva contabilizados 664 casos de información sobre la vivienda: pisos de protección oficial o alquileres económicos.

El precio desorbitado de los alquileres es el motivo por el que los trabajadores de Puebla de Cazalla, con un contrato pendiente en Eivissa en los sectores del transporte y la construcción, han pedido ayuda a su alcalde. Pozo recurrió a Tarrés para buscar viviendas sociales más baratas en Eivissa, pero fue inútil. «No había nada y se han buscado la vida como han podido», apunta el alcalde en funciones de Puebla de Cazalla, Manuel Cabello, en alusión a los trabajadores.

El concejal de Benestar Social de Eivissa, Santiago Pizarro, destaca «el problema terrible de la vivienda». Pone como ejemplo los casos de familias desahuciadas por no poder pagar un alquiler al subir el precio en verano. Desde el Ayuntamiento se están realizando gestiones para facilitar el acceso a vivienda mediante convenios con el Ibavi. Sin embargo, la lista de personas que que necesitan un alojamiento es cada vez mayor. Durante 1999, se registraron 371 demandas sobre viviendas de protección oficial.

Algunos hoteles de Sant Antoni empiezan a tener dificultades para encontrar personal de temporada, ya que a éstos no les resulta rentable trabajar en verano por el coste de la vivienda. «No merece la pena que alguien vaya a trabajar a Eivissa y tenga que pagar 150.000 pesetas de alquiler por un piso pequeño», apostilla Manuel Cabello.