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M. MARÍ El alcalde de Sant Joan, Antoni Marí, Carraca, considera que la norma urbanística dictada por el Govern que impide al Ayuntamiento seguir concediendo licencias de construcción en la zona de Benirràs, Na Xamena y Allà Dins, no favorece los intereses de los ciudadanos de Sant Joan por cuanto, según Carraca, «se ha pasado de poder hacer lo que sea a una limitación total». En este sentido, Antoni Marí señaló que la norma cautelar, «es una solución drástica» sobre todo, apuntó, «si se tiene en cuenta que Sant Joan es uno de los municipios menos afectados por la especulación urbanística de la isla».

El representante del consistorio de Sant Joan se refirió ayer a la aprobación de la medida con la manifestación de una clara «discrepancia» respecto a la forma utilizada. Así mismo se mostró partidario de una fórmula más equilibrada «que favorezca la igualdad de los ciudadanos». Antoni Marí quiso recordar que desde hace años viene defendiendo una postura que coordine y compatibilice el desarrollo urbanístico sin perjudicar el medio ambiente y se remontó hasta «los años noventa cuando los movimientos vecinales se hicieron eco de este apartado».

Por su parte, los grupos ecologistas de Eivissa celebraron el anuncio de la protección de es Amunts. El portavoz del GEN, Joan Carles Palerm, afirmó que es una medida «muy positiva que podría haber llegado mucho antes» y añadió que es lo que los ecologistas esperaban «desde hace mucho tiempo». Palerm se refirió a la coincidencia del anuncio hecho por el Consell con el aniversario de la manifestación ecologista del 22-E.

Por su parte, la presidenta de Amics de la Terra, Hazel Morgan, calificó la norma cautelar dictada por el Ejecutivo autonómico de «muy positiva» y pidió al Consell que trabaje para que esta prohibición sea «realmente efectiva». Amics de la Terra considera que esta medida es una de las consecuencias que ha tenido la marcha ecologista que ayer cumplió un año. «Se ha trabajado bastante para proteger espacios naturales pero falta decisión para conseguir mejorar el cumplimiento de la actual normativa urbanística», explicó Morgan.