La Comisión de Código Ético exige a Córdoba que deje de ocultar su informe

En un informe remitido este lunes a los consellers de Sa Unió, la comisión explica que el pasado 24 octubre envió un escrito al presidente rogando que «no difame y no haga afirmaciones inexactas» sobre sus integrantes, basándose en sus declaraciones ante diversos medios. En el mismo escrito, habrían pedido a Córdoba que entregara al resto de consellers de la Corporación insular su informe sobre la crisis institucional que atraviesa el Consell desde finales de noviembre de 2023. Entrega que debería realizar «de forma urgente y sin más demoras».

En el mismo escrito, la comisión explica que comenzó a trabajar en este informe el pasado 3 de septiembre, en cumplimiento del acuerdo de Pleno adoptado en julio con este fin. Desde entonces, los integrantes de la comisión se han reunido en seis ocasiones, dos de las cuales (reuniones del 24 y del 30 de octubre) han sido para tratar las críticas de Córdoba y la decisión de denunciar ante la Fiscalía y la Policía Nacional que el presidente, supuestamente, habría utilizado a un funcionario público para redactar su escrito de recusación contra varios miembros de la comisión del Código Ético.

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En el nuevo informe, la comisión indica que ha aprobado «por unanimidad» recordar ante el presidente Córdoba que este organismo «ha actuado en cumplimiento de la función que el Código Ético y de Buen Gobierno le impone y con estricto sometimiento a los principios de imparcialidad y neutralidad, prescindiendo de cualquier motivación de índole política y personal». Todo ello a pesar de que algunos de sus miembros, como es el caso de Javier González Granado, han pedido la dimisión de Córdoba públicamente. Es más, el presidente de este organismo es Josep Marí, de GxF, formación que también ha exigido la dimisión de Córdoba y que, incluso, promovió una moción de censura contra él.

La comisión también ha aprobado recordar a Córdoba que este órgano tiene «la función de velar por la difusión y el seguimiento del Código Ético» por encomienda del Consell. Le requiere para que entregue al Pleno su informe sobre la crisis y, finalmente, solicita al Pleno insular amparo «para la defensa del prestigio y buen nombre de la comisión» porque estos son también «el prestigio y el buen nombre del mismo Consell Insular en la medida en que esta es un órgano consultivo integrado en la estructura. Administrativa de este».

La comisión concluye su escrito señalando que considera «intolerable» la «decisión unilateral y arbitraria» de Córdoba de no entregar el informe al Pleno así como sus declaraciones identificando a este organismo con un «pelotón de fusilamiento».