Una moción de GxF apoyada por Sa Unió y el PSOE ha permitido poner freno en el Pleno celebrado este viernes en el Consell de Formentera a la pretensión del presidente, Llorenç Córdoba, de poner en manos privadas la gestión del emblemático espacio de s’Estany des Peix. Este lugar cuenta con 285 amarres que aún no han sido adjudicados de forma definitiva y que pueden ser considerados como un más que interesante negocio para empresas del sector náutico. Algo que la mayoría de los formenterenses rechaza porque el objetivo siempre ha sido mantener s’Estany bajo la gestión pública.
La portavoz de GxF, Alejandra Ferrer, ha recordado que es necesario «conservar el espacio y garantizar que sea un lugar de fondeo para los usos tradicionales». Algo que, obviamente, no sucedería si la gestión de los amarres fuera adjudicada a una empresa privada. De ahí que Ferrer haya dejado claro que «hay que mantener la gestión pública para poder mantener la situación actual».
S’Estany es un espacio público cuya gestión fue cedida al Consell por el Govern en función de un convenio. Este acuerdo caducó el pasado mes de junio y Llorenç Córdoba no ha dejado claro durante el Pleno si el Consell ha dado algún paso para poder renovarlo. De este convenio, además, emana una comisión de seguimiento que tiene entre sus funciones la de adjudicar los amarres definitivamente y aplicar el reglamento que, de momento, solo ha sido aprobado inicialmente. Al caducar el convenio se entiende que esta comisión ha quedado también anulada. De ahí que los grupos de la Corporación insular no hayan aceptado la excusa de Córdoba de que si la comisión no está trabajando es porque el Govern no ha nombrado a sus representantes en la misma.
Alejandra Ferrer ha reprochado a Córdoba haber dejado caducar el convenio con el Govern y ha subrayado que «externalizar el servicio es privatizar».
Concurso
Córdoba, por su parte, ha señalado en varias ocasiones a lo largo del debate que no tiene la intención de privatizar la gestión de s’Estany des Peix. Sin embargo, ha añadido que su pretensión es «sacar a concurso la gestión» de aquello que el Consell no puede llevar a cabo. Y ha puesto como ejemplo lo que sucede en las playas de la isla, que, como s’Estany, son también «espacios naturales y públicos» en los que se llevan a cabo actividades por parte de empresas a las que el Consell ha otorgado una concesión. Distintas formas de definir lo mismo.
El presidente, además, ha señalado que para poder aplicar lo que indica el reglamento de gestión de s’Estany des Peix «hacen falta infraestructuras y personal». Y ha recordado que, desde que se asumió la gestión de este espacio hace cinco años, lo único que ha podido hacer el Consell ha sido negociar con PreZero, la empresa adjudicataria del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria y de playas, la cesión de una embarcación que haga labores de vigilancia en la zona. Esta embarcación fue presentada este jueves y, de momento, permanece en tierra a falta de documentación de Capitanía Marítima. El acuerdo, sin embargo, ha sido cuestionado por la oposición porque, según ha denunciado la socialista Ana Juan, se habría alcanzado a cambio del perdón de una sanción a la compañía.
Ana Juan, además, ha insistido en preguntar a Córdoba qué pasos ha dado como presidente para recuperar el convenio con el Govern, sin que este haya sido capaz de aclararlos. La socialista, además, le ha exigido que deje de manipular a la ciudadanía haciendo ver que el convenio está desvinculado de la comisión de seguimiento, cuando esta depende precisamente de ese acuerdo.
El conseller de Sa Unió Javier Serra ha señalado, finalmente, que «la privatización de s’Estany no estaba en el programa electoral» de la coalición, por lo que ha rechazado el argumento de Córdoba de que esta era la idea al inicio de la legislatura. Serra ha asegurado que se habló únicamente de privatizar el mantenimiento de este espacio pero no la gestión de los 285 amarres. El conseller ha dejado claro que «hay que poner las medidas para regular los fondeos» y ha subrayado que «si lo puede hacer una empresa privada, también lo puede hacer el Consell».
Finalmente, el pleno ha aprobado, con el único voto a favor del presidente, las bases para la concesión de ayudas a la adquisición de bicicletas.
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