El Consell Insular de Formentera aprobó en la sesión plenaria ordinaria de marzo una propuesta a iniciativa del equipo de gobierno Sa Unió para exigir la «implementación inmediata e inaplazable» de un paquete de medidas financieras y estructurales que permitan contener el colapso económico que sufre la institución como consecuencia directa del aumento descontrolado de menores migrantes no acompañados.
La iniciativa, que cuenta con el respaldo de informes jurídicos y técnicos, fue aprobada por unanimidad por el Pleno insular.
El presidente del Consell Insular de Formentera, Óscar Portas, explicó que la presión migratoria, que se ha agudizado desde 2023, ha disparado el número de menores no acompañados que llegan a la isla, convirtiéndola en uno de los principales puntos de entrada a Europa por vía marítima. Así, se ha pasado de recibir 18 menores no acompañados en 2022 a 103 en 2024. En los primeros dos meses de 2025 ya se contabilizan 20 nuevas llegadas, consolidando a Formentera como puerta de entrada migratoria hacia España y Europa.
La presión sobre los servicios de acogida, sin infraestructura específica ni capacidad técnica reforzada, ha llevado la situación al límite. Tal y como ha asegurado Portas, la urgencia de esta propuesta está motivada por «el riesgo de que la hacienda pública se hunda», una situación que podría volverse «desastrosa».
Competencias
Este crecimiento exponencial ha tensado de manera crítica no solo los recursos del servicio insular de Infancia y Familia, sino también las cuentas de la administración. En solo dos meses de 2025 (enero y febrero), el gasto en menores migrantes no acompañados representa el 89,63% del total del presupuesto destinado a competencias autonómicas. En 2024 fue del 21,93% y en 2023, del 1,69%. La tendencia, según el informe jurídico-técnico, advierte que el sistema está en colapso. Una carga económica «desproporcionada» e «inviable» para una administración del tamaño de Formentera.
El Consell Insular recordó que la competencia en materia de tutela y acogimiento de menores es autonómica, y que fue transferida en 2008 bajo una lógica presupuestaria ya obsoleta, con la realidad que se experimenta actualmente. Se invocó el principio de suficiencia financiera y equidad del Estatut d'Autonomia (artículos 137 y 138), así como la Ley 3/2014 de financiación de los consells insulars, que exige una dotación adecuada y ajustada a los costos reales.
La propuesta reclama el financiamiento adicional completo, de carácter inmediato, por parte del Govern balear, conforme a los principios de «suficiencia, equidad y solidaridad financiera» recogidos en el Estatut d'Autonomia (EAIB).
El mismo informe que respalda la propuesta advierte que, si no se garantiza el refuerzo presupuestario inmediato, la administración insular se verá obligada a renunciar a esta competencia. «No por voluntad política, sino por imposibilidad técnica y financiera», señala el escrito.
Además, el Pleno aprobó por unanimidad una propuesta defendida por la consellera de Medi Ambient, Verónica Castelló que responde a las preocupaciones ambientales y de salud pública relacionadas con la central, que estuvo operativa hasta 2023 con una turbina de 1966 y que utilizaba gasóleo como combustible.
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