El Consell Consultiu no se pronunciará sobre la situación jurídica que atraviesa el Consell de Formentera, cuyas competencias autonómicas están ahora mismo suspendidas como consecuencia de la grave crisis abierta por el presidente, Llorenç Córdoba, a finales del pasado mes de noviembre. Así lo ha comunicado el Consultiu a la institución y lo ha transmitido el secretario de la misma, Ángel Custodio Navarro, en el pleno que se celebra en estos momentos en el Consell.
Navarro remitió al Consultiu en agosto un duro informe sobre la situación que atraviesa ahora mismo el Consell formenterés. La dimisión de los consellers de Sa Unió como miembros del equipo de Gobierno ha provocado que la institución no tenga ahora ni vicepresidentes ni Junta de Gobierno. Esto ha tenido como consecuencia inmediata la suspensión de las competencias autonómicas del Consell. Y ha provocado que el secretario haya tenido que idear un sistema jurídico inédito en España y en Baleares para que la actividad de la institución no quede totalmente paralizada. Sin embargo, en ese informe el secretario deja claro que esta es una situación que solo puede mantenerse unos meses y admite que él mismo tiene dudas sobre la legalidad de las decisiones que puede tomar el Gobierno insular formado únicamente por Llorenç Córdoba y Artal Mayans. Según ha explicado en el Pleno, ya se han presentado varios «contenciosos y recursos de reposición» contra decisiones tomadas por la institución en esta situación porque «dicen que el régimen jurídico que se está aplicando puede ser ilegal».
Ante esta situación, la respuesta del Consultiu ha sido señalar que no entra en sus competencias pronunciarse sobre cuestiones como esta, a pesar de que el Consell de Formentera está operando ahora mismo al margen de lo que marca la Ley de Consells. Además, considera que la cuestión tiene «un carácter político» que escapa de su ámbito de actuación. Es decir, mientras que exista una salida política a la crisis, el Consell Consultiu no se pronunciará.
El secretario Navarro ha señalado que no comparte esta decisión del Consultiu porque «aquí hay unas repercusiones jurídicas graves o muy graves». «Deberemos estudiar qué otras actuaciones hacer», ha añadido Navarro en otro momento de su intervención, «porque mañana estaremos peor».
La respuesta del Consultiu ha sido un jarro agua fría para los grupos de la Corporación insular. No así para Llorenç Córdoba, que ve una vez más cómo puede seguir al frente de la institución aun careciendo de todos los apoyos necesarios para ello. Así lo ha destacado la portavoz de GxF, Alejandra Ferrer, que ha denunciando la pasividad con la que el Consultiu y el Govern de la popular Marga Prohens están observando la crisis de la institución insular: «Parece que al Govern y al Consell Consultiu les va mejor no dar respuesta para que todo quede como está y tener el apoyo que necesita el Govern en el Parlament».
Ferrer ha acusado al Consultiu de «dejación de funciones» y ha recordado que entre sus responsabilidades está precisamente la de asesorar a los consells «en cualquier normativa».
El de Formentera, ha señalado la portavoz de GxF, «es un problema político que necesita una solución jurídica». Y ha recordado que lo que se solicitó a este organismo fue «un aval jurídico a decisiones tomadas para no parar el Consell». «Es injusto», ha añadido, «que todo caiga sobre el secretario y el interventor, que han actuado de buena fe». Y es que todo lo que se apruebe en estos momentos por parte de la institución será responsabilidad directa de estas figuras.
Ferrer ha denunciado también que la pasividad del Govern y del Consell Consultiu deja en «desamparo» a la institución insular de Formentera. Y ha insistido en que, en la actual situación, el Consell es «una Administración inviable» por lo que «hay que seguir buscando la solución para que alguien nos diga cómo trabajar en esta casa».
El portavoz del PSOE, Rafa Ramírez, ha señalado, por su parte, que ahora mismo solo hay ya dos posibles soluciones para evitar seguir manteniendo lo que ha calificado como «un disparate con el que se intenta descafeinar el funcionamiento de la institución». Como ya ha hecho en otras ocasiones, Ramírez ha apelado a la responsabilidad de los consellers de Sa Unió, a los que ha exigido que retornen al Gobierno insular para que el Consell pueda volver a tener una Junta de Gobierno y trabajar con normalidad. A Córdoba le ha exigido, además, que se someta a la cuestión de confianza aprobada por el Pleno en julio y que el presidente no tiene previsto convocar de ninguna manera porque, de hacerlo, tendría que dimitir al comprobar de forma fehaciente que ninguno de los grupos de la Corporación le apoya.
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