Córdoba lleva por primera vez al Pleno del Consell un asunto responsabilidad de la Junta de Gobierno

El debate en cuestión ha versado sobre la «interpretación de la duración del contrato para la redacción de los proyectos, la construcción y la puesta en marcha y la explotación de alguna de las instalaciones de tratamiento integral de residuos urbanos de Ibiza y Formentera». Este contrato, ha recordado Llorenç Córdoba, fue firmado con la empresa GIREF en 2003, cuando solo existía el Consell de Ibiza y Formentera. Cuatro años más tarde, al crearse la institución insular formenterense, se decidió que se subrogaría al Consell de Ibiza «la gestión de este contrato, pero con la potestad de que Formentera pudiera interpretarlo». Tras una disputa entre el Consell de Ibiza y GIREF, se llevó el contrato al Consell Consultiu, que dictaminó que el plazo para contar su duración comenzaba una vez estuviera construida la última instalación contemplada en el mismo. Esto sucedió en 2021, por lo que ahora la duración del contrato tendrá que ser hasta 2046.

Córdoba, que ha sido el único que ha votado a favor de la propuesta, ha señalado que Formentera ha de seguir este dictamen del Consultiu y que ya ha sido aprobado por el Consell de Ibiza porque, si no, «la única vía que quedaría sería la legal y sería muy difícil de defender».

Cada grupo ha expresado su postura al respecto pero han sido GxF y el PSOE los que han destacado que este asunto tendría que haber sido decidido por la Junta de Gobierno y no por el Pleno insular. En este sentido, la portavoz de GxF, Alejandra Ferrer, ha señalado que si la Junta de Gobierno estuviera activa, «no tendría que aprobar esto el Pleno». «Según la Ley de Consells», ha añadido, «la instancia competente para interpretar este contrato es la Junta de Gobierno». De un modo similar se ha pronunciado el portavoz del PSOE, Rafa Ramírez, quien ha señalado que el Pleno ha tenido que tomar la decisión sin tener toda la información al respecto, pues, según ha explicado, «no hay información económica» sobre lo que supone dar luz verde a la decisión del Consell Consultiu. «Tendría que haber una Junta de Gobierno que tomara la decisión», ha lamentado el socialista, que también ha dicho que la situación que atraviesa el Consell «da tristeza» y que está provocando que sea «muy complicado» el trabajo tanto para los funcionarios como para los técnicos.

A estas quejas ha respondido Llorenç Córdoba explicando que «hay que tirar adelante» aunque no haya Junta de Gobierno. Y más este asunto que, ha añadido, «es urgente y que que tomar decisiones». Córdoba ha admitido que en noviembre de 2023 el Pleno aprobó que sería la Junta de Gobierno la que decidiera sobre este informe del Consultiu. Pero también ha dejado claro que, a falta de este órgano, es necesario sacar los temas por la vía plenaria.

Por otro lado, en el Pleno ha quedado claro que todos los grupos con representación en la institución tienen claro que la situación de la gestión de los residuos que se producen en la isla no es la más idónea. En este sentido, la consellera de Sa Unió Verónica Castelló ha explicado que existen «dudas» sobre que realmente el contrato con GIREF pueda extenderse hasta 2046, aunque esa haya sido la interpretación jurídica. Castelló ha recordado que el Consell de Formentera apostó porque la vigencia del contrato estuviera relacionada con cada una de las tres instalaciones pero «la UTE no lo aceptó». «A nosotros no nos gusta porque no están claras las consecuencias técnicas y económicas», ha dicho la extitular de este departamento que también ha advertido que, una vez aprobado este informe, el Consell de Formentera «no podrá decir nada» en el futuro. «Sa Unió piensa», ha señalado Castelló, «que no deberíamos coger la respuesta de 2046 sin conocer las repercusiones económicas. La UTE cada año nos presenta contenciosos. Nunca están contentos con los precios. Cada año quieren una región. ¿Qué pasará si aparece una nueva infraestructura? Quedan muchas cosas por definir. Hay un grupo de trabajo y habría que trabajar con más intensidad en la interpretación».

Llorenç Córdoba, por su parte, ha reconocido que el estado en el que se encuentra la planta de transferencia de residuos de Formentera gestionada por GIREF no es precisamente idóneo. El presidente ha señalado que «parece abandonada» y ha subrayado que el Consell tiene que «luchar por unas nuevas instalaciones». En este sentido, Córdoba ha señalado que el informe del Consell Consultiu sí indica que, cualquier infraestructura relacionada con los residuos que pueda construirse en el futuro en Formentera, no estará afectada por el contrato con GIREF. El presidente, además, ha calificado de «anomalía» y «barbaridad» que un contrato como este pueda tener una duración de cuatro décadas y más teniendo en cuenta que el plazo fijado era de 25 años.