Mientras el goteo de pateras llegadas a las costas de Formentera es incesante, en el Consell de la isla la preocupación este jueves ha sido debatir sobre el informe del secretario de la institución, Ángel Custodio Navarro, que debía permitir al presidente, Llorenç Córdoba, mantenerse en el poder aun estando totalmente solo. Ni siquiera el único conseller que aún gobierna en la isla, Artal Mayans, ha votado a favor de un documento que el portavoz de Sa Unió, José Alcaraz, ha calificado de «Frankenstein jurídico». El del PSOE, Rafa Ramírez, lo ha definido como «gremlin legal».
Ningún grupo con representación en la Corporación insular ha votado a favor de una propuesta que, básicamente, plantea que el Consell se convierta en una diputación. Las competencias de la institución se repartirían entre el presidente y el Pleno. Sin embargo, aquellas de carácter autonómico cedidas a la institución quedarían en el aire, tal y como ha reconocido el secretario, quien no ha dudado en asegurar que, en esta situación, el Consell, o su funcionamiento, es como «un objeto volante no identificado».
Los problemas con la propuesta no acabarían ahí. Y es que sería necesario contar con la opinión del Consell Consultiu para que pudiera modificarse el Reglamento Orgánico del Consell (ROC), que facilitaría a Córdoba el gobernar en solitario.
El portavoz de Sa Unió, José Alcaraz, ha explicado que la coalición rechaza esta posibilidad porque la única salida a la crisis en la que está sumida la institución desde finales de noviembre es la dimisión de Córdoba. Alcaraz ha denunciado la «situación de caos total» en la que se encuentra la institución, que ahora mismo solo puede sacar adelante contratos por un valor inferior a los 15.000 euros. Algo que, ha advertido, por su parte, el secretario pone en riesgo los fondos Next Generation y el acuerdo alcanzado con la contrata de limpieza viaria de la isla.
Alcaraz
Alcaraz ha subrayado que 16 de los 17 consellers que integran la Corporación insular exigen la dimisión de Córdoba y que, por lo tanto, esta es la única salida a la crisis. Una crisis que, ha recordado, comenzó cuando el aún presidente «puso en riesgo» la estabilidad del Govern de Marga Prohens «ya sabemos a cambio de qué». Alcaraz, además, ha recriminado a Córdoba celebrar este Pleno, que ha costado «entre 2.000 y 3.000 euros a los ciudadanos», para debatir una propuesta que ya los grupos le habían avanzado en la Junta de Portavoces que no aceptarían. El portavoz de Sa Unió, que ha criticado la «extraña sonrisa» de Córdoba durante su intervención, ha dejado también claro que nadie cree en el presidente y le ha retado a someterse a una moción de confianza: «No lo hace porque la perdería por goleada».
La misma petición han hecho los portavoces de GxF y del PSOE, Alejandra Ferrer y Rafa Ramírez. La primera ha recordado que su formación negocia en estos momentos una moción de censura contra Córdoba con los socialistas y con Compromís. Sin embargo, ha pedido también al presidente que se someta a la confianza del Pleno para evidenciar, una vez más, el repudio de los tres grupos. Ferrer ha explicado que la propuesta presentada por Córdoba es inviable porque obligaría a los consellers de la oposición a tomar decisiones a través del Pleno sin contar con el asesoramiento necesario y asumiendo unas responsabilidades que no le tocan. Además, ha denunciado, esta propuesta permitiría a Córdoba formar «un gobierno unipersonal» que GxF no está dispuesto a aceptar.
El socialista Rafa Ramírez, por su parte, ha retado a Llorenç Córdoba a someterse a la cuestión de confianza y, si logra a superarla, sentarse a negociar con los grupos las modificaciones necesarias para poder mantenerse en el gobierno. Algo que, obviamente, Ramírez no cumpliría puesto que es evidente que el todavía presidente no superaría la fiscalización del Pleno de ninguna manera.
Crisis
Ramírez ha insistido en que la solución a la crisis abierta por Córdoba en noviembre «no es jurídica, sino política». Y ha lamentado que, desde entonces, no se haya hablado en el Pleno de cuestiones que afectan a los ciudadanos y sí de «personas, conflictos, crisis y de las faltas de entendimiento de un equipo de Gobierno con mayoría absoluta».
Llorenç Córdoba, por su parte, ha recurrido de nuevo al victimismo, al responsabilizara a la oposición y a Sa Unió de la grave crisis en la que está sumida la institución. En este sentido, Córdoba ha recriminado a GxF y al PSOE no haberle ayudado a configurar una nueva Junta de Gobierno, organismo imprescindible para las contrataciones que ha de realizar la institución. En el caso de Sa Unió, ha acusado a sus consellers de «dejadez de funciones» y no ha dudado en asegurar que tanto la coalición como el propio equipo de Gobierno nacieron «muertos». Unas palabras a las que quien más atinada ha estado en la respuesta ha sido la líder de GxF: «Muchos de ustedes estuvieron cuatro años en la oposición y ahora dice que Sa Unió estaba muerta. ¿Ha engañado a la ciudadanía y ha provocado esta situación de manera deliberada? Es muy grave».
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