El Gobierno de Sánchez cuenta con un mecanismo legal para poner fin, si bien de manera traumática, a la crisis política que se vive en Formentera mientras Llorenç Córdoba, que se ha quedado sin el apoyo de ninguno de sus consellers, no deje su cargo como presidente del Consell.
La ley de Régimen Local señala en su artículo 61 lo siguiente: «El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder, mediante real decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones locales (como es el caso del Consell de Formentera) en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales».
Se da la circunstancia de que el PP tiene mayoría absoluta en el Senado y tendrá la última palabra si se aplicase este mecanismo. Este escenario se produciría, por ejemplo, si Córdoba renunciase de los ocho consellers de Sa Unió o si estos, por iniciativa propia, abandonasen el gobierno insular. En cualquiera de ambos casos, la situación interna sería insólita y resultaría imposible que Córdoba pudiese asumir la gestión de todas las áreas. Además, tampoco contaría con los votos necesarios en el pleno para sacar adelante sus proyectos.
El punto dos del artículo añade: «Se considerarán, en todo caso, decisiones gravemente dañosas para los intereses generales en los términos previstos en el apartado anterior, los acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o táctico, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares».
Por último, el artículo 61 añade: «Acordada la disolución será de aplicación la legislación electoral general, cuando proceda, en relación a la convocatoria de elecciones parciales y, en todo caso, la normativa reguladora de la provisional administración ordinaria de la administración».
Este mecanismo que prevé la Ley de Régimen Local se ha utilizado de manera excepcional en España. El caso más significativo es el del Ayuntamiento de Marbella cuando el Gobierno central acordó en 2006 la disolución del la corporación local ante las gravísimas imputaciones judiciales que pesaban sobre parte de los miembros de corporación en relación con una trama de corrupción urbanística.
El PSOE lo sabe
La posibilidad de que el Gobierno actúe ya fue planteada el jueves por Rafa Ramírez, secretario general del PSOE de Formentera, quien dijo que esta situación (la intervención del Gobierno) sería un escándalo. «El Consejo de Ministros podría hacerlo, pero sería muy grave. Sería un punto de no retorno. La ciudadania no se merece tener que disolver la institución solo seis meses desde las elecciones», declaró Ramírez a este periódico.
Sin embargo, este mecanismo traumático es al que se llegará si Córdoba no acepta la decisión de Sa Unió de prescindir de él y rechaza dimitir como presidente del Consell de Formentera. Si finalmente renunciase a su cargo, la institución insular debería convocar un nuevo pleno y elegir a otro presidente/a, pero también se pueden producir otros escenarios. Que los consellers de Sa Unió dimitan, un paso que no parece demasiado lógico en las actuales circunstancias, o que el propio Córdoba los pueda destituir, que agravaría aún más la situación política.
Tras destituir a los consellers de Sa Unió, el propio Córdoba, sin decisión del pleno, podría conformar un gobierno con Gent per Formentera y PSOE, un escenario que la izquierda descarta, al menos a día de hoy, pero que sí se ha llegado a plantear el propio Córdoba ante su actual situación política, como adelantó ayer este periódico.
