¿Quién gana con una renovación parcial?

Recientemente, se ha conocido un acuerdo entre los dos grandes partidos políticos de nuestro país, para la renovación de diversos integrantes del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. Después de meses y meses, al fin salió la fumata blanca y llegó un cierto consenso, si bien, y según cómo se interprete ese acuerdo, suena a claudicación más que a consenso.

Lo cierto es que desde 2018, en diversas ocasiones se había intentado hacer efectiva la renovación de diversas instituciones y por una razón o por otra acabaron saltando por los aires. También cabe señalar que el sistema utilizado hasta la fecha para la citada renovación había sido aceptado por los dos grandes partidos que han venido ocupando la Presidencia del Gobierno de España. Es por ello precisamente que resulta curioso que, habiéndolo utilizado el PP en las legislaturas en las que ha gobernado, se nieguen ahora que están en la oposición a que aplique.

Cabría preguntarse cuál podría ser el motivo real de tal empecinamiento en bloquear la renovación de los integrantes de las principales instituciones jurídicas de nuestro país. Por poco que se analice la situación actual de estos estamentos a renovar, se podrá ver fácilmente que a la derecha española no le interesa lo más mínimo que cambien los vocales de los mismos, ya que la actual composición les resulta claramente favorable. Basta para ello ver cómo el más alto tribunal se ha decantado en sus últimas sentencias a favor de los vergonzantes recursos de la extrema derecha, representada por Vox y tristemente jaleada por el PP, anulando los dos estados de alarma decretados y con ello las medidas que para combatir la gravísima situación provocada por una pandemia mundial ante la que había que actuar con urgencia, celeridad y eficacia.

Se quiere vender como un gran éxito de las dos partes, gobierno y oposición, el reciente acuerdo alcanzado. Este supuesto éxito fácilmente puede ponerse en duda, ya que la situación en el Constitucional no va a variar, con lo que en el PP están encantados y, como siguen sin aceptar la renovación del CGPJ, ambas instituciones siguen teniendo el perfil que a ellos les interesa. En este ultimo caso, cabe recordar que se trata de un Consejo que lleva casi tres años tomando decisiones en funciones, ya que está más que caducado.

Vergüenza da ver cómo cada año en el acto de apertura del año judicial, el presidente del CGPJ reclama de los partidos la necesaria renovación del citado Consejo. Si tan urgente es, que lo es, a qué espera el citado presidente y el resto de los vocales para dimitir de sus cargos, forzando con ello la necesidad real de un acuerdo. Pero claro, no lo hacen porque unos se sienten muy cómodos en sus puestos que ya no les corresponden y a la derecha española le interesa más que nunca tener a su favor a los máximos organismos judiciales.

Sinceramente, creo que el PSOE tiene poco que celebrar con este último acuerdo, ya que en nada se ha avanzado en el proceso democrático vigente. Con este acuerdo, la derecha está vendiendo motos y el Partido Socialista parece dispuesto a comprarlas todas. Pablo Casado se vanagloria de haber aportado independencia y despolitización de la justicia con los dos vocales propuestos para el Constitucional, cuando la realidad es que una fue recusada y apartada de los juicios de la Gürtel por su clarísima vinculación al PP y el otro es uno de los más activos colaboradores del la FAES de Aznar.

Los populares siguen teniendo a su favor el CGPJ y el Constitucional y los socialistas ponen a uno de los suyos como defensor del pueblo. A mí se me antoja una balanza muy poco equilibrada.