Joan Miquel Perpinyà26/05/19 4:01
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El Estatuto de Autonomía de Balears de 2007 creó una nueva institución: el Consell de Formentera. Ya costó entender la medida entonces, ya que se transformaba de facto un ayuntamiento en un consell insular. Se supone que los organismos insulares tienen la función de controlar a los entes locales, con lo cual lo que realmente se hizo fue suprimir un mecanismo de control institucional que contribuye al equilibrio de poderes y evita abusos y arbitrariedades. En Formentera ha sucedido tal cual y el gobierno del Consell de la Pitiusa del sur ejerce un control absoluto sobre su territorio, sin controles de ningún tipo. Los pocos sistemas de vigilancia y supervisión que quedan, como la Sindicatura de Cuentas, se topan con la desobediencia y el incumplimiento de las obligaciones que la gran mayoría de instituciones de Balears sí respetan rigurosamente. Véase si no la colección de advertencias que constan en las memorias anuales de la Sindicatura. Inútilmente, por supuesto.

Allí gobierna Gent per Formentera, formación que obtuvo mayoría absoluta en las elecciones de 2015. También la única diputada autonómica que corresponde a la isla es de aquel partido. Y ya sabemos lo que sucede con las mayorías absolutas. En un territorio pequeño, donde todo el mundo se conoce, donde enfrentarse al sistema acarrea consecuencias, donde el poder se ejerce sin control, pues las malas prácticas y las irregularidades acaban colonizándolo todo. Lo peor es que nadie parece darse cuenta. O quizás todos lo ven pero pocos se atreven a denunciarlo y menos aún a rebelarse contra un sistema endogámico, opaco, pervertido y por tanto, corrupto.

El sindicato UGT ha denunciado que el Consell de Formentera comete irregularidades en el proceso de selección de algunas contrataciones de personal. Vamos, que las amaña. Uno de los beneficiados ha sido un exconseller insular de Gent per Formentera. Todo un escándalo. La mayoría de medios de comunicación callan. Normal, porque como no les guste la información que se difunde mandan cancelar campañas institucionales. El colmo de la desfachatez es que ni siquiera desmienten la noticia. Despachan el asunto con un lacónico ‘No comment'. Se descubre que contratan a dedo a los de su propio partido y zanjan la cuestión con un sin comentarios. Quizás que allí no haya juzgado ni Fiscalía dispuesta a hacer su trabajo contribuya a agravar la situación. Pero es preciso denunciar lo que allí pasa, intolerable en democracia.