Que España tiene una enorme deuda pendiente con la productividad y la competitividad es algo que sabemos desde hace décadas porque diariamente comprobamos cómo el país ha avanzado a pasos agigantados en algunas cuestiones mientras en otras se ha ido quedando anclado casi en el siglo XIX. En el último Consejo de Ministros, el Gobierno de Zapatero ha dado luz verde al decreto ley bautizado como Ley Omnibus, que modificará hasta medio centenar de leyes relativas a diversos sectores. Servirá para eliminar engorrosos y costosos trámites que vienen dificultando la creación de empresas y embozando la energía que lleva a los emprendedores a crear empleo y riqueza.
Aunque a simple vista pueda parecer que este paso del Gobierno no signifique un gran hito, sin duda las consecuencias serán muy favorables para el panorama productivo y laboral de este país. Sectores tan importantes para el desarrollo económico de una nación como Administración pública, consumo, servicios profesionales, empleo, servicios industriales y construcción, energía, transporte y comunicaciones, medio ambiente, agricultura y sanidad se verán afectados positivamente por esta ley que ahora emprende su camino parlamentario.
El objetivo es equiparar nuestro marco legislativo al europeo y favorecer la creatividad de los emprendedores, ya que elimina numerosas cargas administrativas y trámites burocráticos para poder iniciar una actividad económica. Algo aparentemente tan simple propiciará que en unos cuantos años se creen doscientos mil nuevos puestos de trabajo y crezca un 1,2 por ciento el PIB español con la creación de empresas y servicios de forma rápida, ágil y fácil.
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