A raíz de la quiebra de la compañía norteamericana Enron y de la implicación de la conocida auditora Andersen en el desastre, en medios de la Unión Europea han sentido la necesidad de arbitrar determinadas medidas encaminadas a evitar parecidos escándalos en el mercado financiero del continente. Así, la Comisión Europea está llevando a cabo una revisión de los servicios financieros que garantice, en la medida de lo posible, una mayor vigilancia y transparencia. Se habla ya de un severo código de conducta que si bien será en principio de aplicación voluntaria por parte de grupos y empresas que coticen en Bolsa, supondrá cierto desdoro moral "por así decirlo" para aquellos que no lo respeten, independientemente de que con el tiempo las recomendaciones de la Comisión acaben por convertirse en normas comunitarias de obligado cumplimiento. A fin de evitar maquillajes de cuentas como los tantas veces llevados a cabo por las auditoras, se recomendará a las empresas que cambien periódicamente de auditores, al menos cada siete años, estableciéndose un plazo de dos para que el socio en cuestión pueda volver a incorporar al cliente a su cartera. A la vez se reforzarán los sistemas de supervisión de la actividad de las auditoras, y se propiciará un mayor «aislamiento» entre auditor y auditado, mediando un comité que actuaría como intermediario. Éstas, entre otras, serían en síntesis las medidas propuestas, unas medidas que a buen seguro van a encontrar ciertas reticencias en unos medios financieros excesivamente acostumbrados a que las cosas se desarrollen a su aire y sin mayores injerencias. No obstante, entendemos que dichas reticencias tienen menor importancia que las desagradables consecuencias que pueden derivarse de episodios similares al caso Enron. Y en este sentido es evidente que el mejor medio para corregir ciertos abusos ya tradicionales es prevenirlos.