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El presunto expolio del Castell de Santueri por parte de Rupert Spillmann es un asunto que se vuelve contra los responsables institucionales de nuesto patrimonio. Eso al margen de si existió o no apropiación de material histórico por parte de éste, una cuestión que tal vez nunca tenga una respuesta clara. Evidentemente si ha habido actuaciones contrarias a la ley, es preciso que el tema se ponga en manos de la Justicia para que ésta determine las posibles responsabilidades penales que hayan podido existir.

Pero, aparte de ello, hay que considerar el hecho de que, una vez otorgado un permiso para el uso de un detector de metales en la zona y para la realización de prospecciones por espacio de un año, la Comissió de Patrimoni del Consell de Mallorca no ejerció en ningún momento control efectivo alguno sobre las acciones que se llevaban a cabo en el que lleva camino de ser uno de los principales yacimientos arqueológicos de la Isla, y eso resulta especialmente grave.

A toro pasado, el conseller d'Educació i Cultura del Govern balear, Damià Pons, en aquella época conseller de Cultura del Consell de Mallorca, asegura no tener conocimiento de cuanto acontecía en el Castell de Santueri. Resulta, como poco, chocante que nadie informara entonces al máximo responsable insular de algo de tanta relevancia y que puede haber supuesto la pérdida irreparable de material fundamental para conocer una parte importante de nuestro pasado.

Es absolutamente preciso que desde las instituciones responsables se ejerza un control efectivo sobre las acciones que afectan al patrimonio histórico; lo contrario es un ejercicio de dejadez institucional que repercute en perjuicio de todos. Hechos como éstos no deben volver a repetirse, pero hay que investigar a fondo para conocer lo que en realidad ha sucedido.