Hace años, cuando se crearon las comisiones insulares de
urbanismo y de patrimonio, la izquierda isleña llevó a cabo una
auténtica cruzada para conseguir que estos organismos fueran como
deben ser, es decir, plurales, de forma que garantizaran el respeto
al interés común y no pudieran caer en el error de servir a
intereses particulares.
Eso ocurrió en 1990, cuando las competencias de urbanismo
pasaron a los consells insulars y desde entonces hemos podido
comprobar una y otra vez lo necesarias que han sido las discusiones
llevadas a cabo en ese organismo para delimitar qué parte del
territorio isleño debía protegerse, qué construcciones debían
permitirse y cuáles podían o no ser reformadas o modificadas para
preservar su singularidad histórica, artística o estilística.
Ahora la cosa puede cambiar. Y lo haría de forma radical. El
Govern formado por el Pacte de Progrés ha previsto suprimir las
comisiones insulares más polémicas, urbanismo y patrimonio, y
quedarse para sí "en manos del conseller de turno" las competencias
correspondientes. En teoría el asunto no debería tener mayor
importancia, pero en la práctica podríamos temer una pérdida de
pluralidad en la futura actuación del conseller en un terreno más
que dudoso.
Siempre es exigible la seriedad absoluta y el compromiso con la
imparcialidad en un político, pero la realidad se impone y nos
demuestra una y otra vez que las tentaciones son muchas y no es
difícil caer en ellas. Y eso es aplicable a políticos de todos los
colores. Por ello las decisiones trascendentales es mejor dejarlas
en manos de un grupo heterogéneo de personas, que representen
diversos intereses y tendencias, para evitar que la balanza se
incline de un solo lado.
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