EditorialIbiza07/01/25 4:00
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En declaraciones a este periódico, el presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, exige al Gobierno central la aprobación de un marco jurídico que otorgue seguridad a los propietarios de viviendas con el objetivo de que puedan salir al mercado del alquiler residencial. Marí ha advertido: «No puede ser que tengan más derechos los okupas». La realidad es que, hoy por hoy, los propietarios de viviendas se encuentran indefensos ante la ley y ello trasciende al mercado inmobiliario. Los pisos permanecen cerrados por malas experiencias de los propietarios, que prefieren acudir al mercado del alquiler turístico, más rentable económicamente y sin riesgo de que los inquilinos se establezcan en el inmueble de forma definitiva sin pagar la renta.

Viviendas vacías.

Marí ha recordado que en Ibiza hay miles de viviendas vacías, una situación que se ha producido por los problemas jurídicos que tienen los propietarios. El presidente del Consell d’Eivissa asume que necesita el apoyo de los propietarios para dar salida a los problemas de la vivienda que se padecen en la isla. Con el ritmo de construcción de viviendas sociales harían falta 80 años para dar una solución a la problemática actual, una situación totalmente inviable. Hay un dato que demuestra el drama que sufren los propietarios: en una década se han duplicado el número de okupaciones en Balears. En 2023, último año contabilizado, hubo más de 407 allanamientos de inmuebles en las islas, una auténtica barbaridad.

Seguridad jurídica.

El presidente del Consell d’Eivissa hace una propuesta lógica para solucionar el problema de la vivienda, pero lamentablemente no se ve ningún movimiento político para dar un solución. Si el Gobierno no actúa para dar seguridad jurídica a los propietarios quizás el propio Partido Popular debería impulsar en el Congreso una ley que diese una salida a este drama social que viven miles de propietarios. Es previsible que estos cambios normativos contasen con el respaldo de otros partidos políticos, pero lamentablemente nadie hace nada y, a pesar de conocer la problemática, no se adoptan soluciones de puro sentido común. Los okupas son unos delincuentes, por mucho que algunos partidos políticos intenten protegerlos. Y urge una normativa mucho más contundente contra ellos.