Ibiza10/08/24 0:30
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El expresidente catalán Carles Puigdemont se paseó tranquilamente el jueves por Barcelona sin que los Mossos lo detuvieran. Incluso protagonizó un breve acto público en pleno centro de la ciudad antes de volver a desaparecer el mismo día que el socialista Salvador Illa fue investido como presidente de la Generalitat. Se da por seguro que Puigdemont, con una orden de detención del Tribunal Supremo por malversación de fondos públicos, ha vuelto a escaparse para no dar cuentas de sus delitos ante la justicia española.

Inacción.   

Es realmente sorprendente que, pese al revuelo que provocó, Carles Puigdemont no pudiese ser detenido durante el breve baño de masas que se dio en Barcelona tras permanecer siete años huido, que no exiliado, después del frustrado intento de proclamar la independencia de Cataluña en octubre de 2017. Es especialmente llamativo que su formación política llegase incluso a montar un escenario para que Puigdemont pudiese dirigirse a sus seguidores sin que nadie adivinase que sería el lugar para reaparecer tras su fuga. Se supone que el Ayuntamiento de Barcelona tuvo que autorizar el despliegue en pleno centro de la ciudad, pero ni así se hizo nada para detener a Puigdemont.

Estado de Derecho.

La permisividad de las fuerzas de seguridad con la llegada de Puigdemont a España es uno de los episodios más graves que han ocurrido en España en los últimos años porque demuestra claramente que existía una complicidad con los poderes del Estado para que no fuese detenido. El problema es que si Puigdemont hubiese sido detenido previsiblemente la investidura de Illa no se hubiera producido, y ese era un escenario no deseado por el Gobierno de Sánchez, capaz de cruzar todas las líneas rojas por alcanzar unos objetivos políticos. Ha llegado el momento de decir basta, de exigir responsabilidades a unos dirigentes que se creen legitimados para actuar al margen del Estado de Derecho. El hartazgo de los ciudadanos es total y absoluto porque se evidencia que las leyes no se aplican de igual manera en todos los casos. Puigdemont debe responder de sus delitos ante la Justicia y el Gobierno debe garantizar que así sea. En cualquier país este episodio hubiese provocado ya más de una dimisión.