EditorialIbiza06/07/24 0:30
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El Govern ha abierto la puerta a legalizar los edificios de es Codolar para que los vecinos puedan acometer las reparaciones en el caso del bloque A, declarado en ruina, con el objetivo final de volver a habitarlos. «Es lo que siempre hemos pedido: volver a nuestras casas», señalaba la portavoz de los vecinos, Silvia Hernández, al salir de la reunión mantenida con la consellera Marta Vida y el presidente del Consell, Vicent Marí, entre otros. Los vecinos consideran que con el decreto de simplificación administrativa recientemente aprobado se abre una oportunidad legal para la legalización de los dos edificios de es Codolar y, por lo tanto, para su rehabilitación.

Derribar viviendas.   

Ante la posibilidad de legalizar los apartamentos de los Don Pepe, Marta Vidal hizo un planteamiento cargado de sentido común. «En una isla como Ibiza, con un problema de vivienda tan flagrante, evitar derribar más de 80 viviendas nos parece una buena idea como política de vivienda», dijo. Realmente es un lujo derribar un bloque de 80 viviendas en las actuales circunstancias cuando hay soluciones menos traumáticas. Es, al fin y al cabo, lo que quieren los vecinos, que viven una situación precaria desde hace años ya que, además de pagar sus respectivas hipotecas, deben hacer frente a los alquileres. Algunos de los propietarios, indicaba Silvia Hernández, han optado por abandonar la isla ante la imposibilidad de poder asumir todos los gastos.

Una buena opción.

El decreto de simplificación administrativa es un excelente instrumento para poder dar una solución al problema de los Don Pepe, que el anterior Govern fue incapaz de solventar y, por el contrario, se hicieron promesas para evitar un conflicto con los propietarios a las puertas de las elecciones. Vidal ha anunciado que antes del verano dará una solución definitiva a los vecinos, pero tiene razón cuando dice que es un lujo derribar un edificio con 80 viviendas con las circunstancias de emergencia que se viven actualmente en Ibiza. Evidentemente las viviendas tienen que ser reparadas para garantizar la seguridad de las familias que residan en ellas, pero la legalización sería la opción más rápida y razonable. Parece que empieza a haber un poco de luz ante el drama que han vivido los propietarios de los Don Pepe, que llevan sufriendo el problema de la vivienda y, sobre todo, la inoperancia de la administración.