Instrumentos legales para precintar pisos turísticos

Valentía del Govern.

Es una evidencia que con el nuevo Govern se ha producido un cambio de guion y que existe la voluntad de ayudar a los consells en su labor de poner fin a la oferta de pisos turísticos ilegales, que además han creado una burbuja inmobiliaria muy perniciosa para el mercado de alquiler para residentes. De hecho, el Consell d’Eivissa estuvo toda la legislatura pasada exigiendo al Govern soluciones para poder precintar los pisos turísticos ilegales, que no pudiesen volver a operar tras una sanción administrativa. La solución ha llegado a través de un decreto de simplificación administrativa, lo que demuestra que el anterior Govern no tuvo la más mínima voluntad para zanjar esta cuestión.

La legalidad.

Sorprende que el PSOE, que teóricamente está en contra de los pisos turísticos ilegales, ya dé por hecho que esta medida de precintar pisos turísticos puede ser ilegal. Se entiende que el decreto ha pasado todos los filtros jurídicos internamente para poder aplicarse y hay que creer que, efectivamente, los policías locales sí podrán ordenar el precinto de un inmueble. Pero lo más importante, más allá del debate jurídico, es que la medida se aplique de forma efectiva y que se acabe lo antes posible con una oferta que está provocando un daño irreparable a la sociedad pitiusa. Este nuevo instrumento debe suponer un impulso para poner orden en el mercado y, sobre todo, para que aquellos propietarios que quieran actuar al margen de la ley conozcan las consecuencias de sus acciones. Debe haber tolerancia cero contra la oferta turística ilegal.