El acuerdo de gobierno en la Junta de Castilla y León entre el Partido Popular y Vox quiebra la estrategia mantenida hasta ahora por los conservadores, un movimiento arriesgado que compromete su estrategia nacional de cara al futuro. El destacado avance electoral de la derecha radical ha obligado a la aceptación de una coalición por parte del presidente Alfonso Fernández Mañueco, que ha aceptado la cesión de una vicepresidencia, tres consejerías y la presidencia del parlamento autonómico al partido de Abascal; una opción posible para evitar nuevas elecciones.
Dentro de la Constitución.
Fernández Mañueco se ha apresurado a advertir de que la alianza con Vox se enmarca en los límites de la Constitución y el Estatuto castellanoleonés, un primer paso para tratar de tranquilizar los análisis más alarmistas. De hecho, desde el propio Partido Popular Europeo no se oculta la incomodidad que genera la incorporación de la derecha más radical en los órganos de gobierno. Es el primer precedente de estas características en nuestro país. La comunidad de Castilla y León se convierte en el campo de experimentación de ulteriores cooperaciones institucionales entre PP y Vox para desbancar a la izquierda, según apuntan los últimos trabajos de intención de voto.
La gestión del acuerdo.
A partir de ahora se abre un período en el que el PP pondrá a prueba su capacidad de reconducir el discurso más extremo de Vox –al igual que el PSOE hace con Unidas Podemos en el Gobierno–, en especial en temas referidos a la violencia machista, la inmigración o la homosexualidad, entre otros. El ‘nuevo' PP de Alberto Núñez Feijóo se examina en Castilla y León, un aspecto que sin duda va a planear en la política española durante los próximos meses. Será todo un reto para la futura dirección estatal de los conservadores. La credibilidad y la estrategia futura del PP se ha puesto en juego.
