El Congreso de los Diputados aprobó ayer, con un solo voto de diferencia –gracias al error de un diputado conservador–, la reforma laboral que pretendía dar marcha atrás a la que auspició el PP de Mariano Rajoy. Era uno de los objetivos prioritarios del Gobierno progresista que preside Pedro Sánchez y que figuraba entre las exigencias de la Unión Europea para acceder a las ayudas comunitarias. El texto final llegó con el aval unitario de sindicatos y patronal, un éxito atribuible a la capacidad negociadora de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. No obstante, la coalición gubernamental del PSOE y Unidas Podemos ha tenido que buscar apoyos externos para garantizar la aprobación del nuevo marco de relaciones laborales.
Evitar la precariedad.
El resultado de la mesa negociadora de Gobierno, sindicatos y empresarios no tira por tierra el texto inicial del Gobierno que presidió Rajoy, aunque introduce destacadas modificaciones en lo referente a la precariedad contractual; uno de los problemas endémicos del modelo vigente. También en materia de defensa de los convenios sectoriales. En esta ocasión, el consenso logrado no ha evitado la disputa política, que ha roto el bloque tradicional de apoyos al Gobierno de Sánchez, que ha tenido que recurrir a formaciones como Ciudadanos o UPN y otras minoritarias. Con todo, la crisis generada no cuestiona la continuidad de la alianza progresista que forma el Consejo de Ministros a pesar del serio tropiezo de ayer.
Nuevo marco laboral.
La reforma laboral aprobada ayer tiene pendiente la reválida que supone su aplicación y más teniendo en cuenta que España acumula 3,5 millones de trabajadores en paro, una de las tasas más altas entre los socios de la Unión Europea. Esta será, en realidad, la auténtica victoria o derrota de uno de los documentos más trascendentales para la recuperación de nuestra economía.
