El conseller de Movilidad y Vivienda, el ibicenco Josep Marí Ribas Agustinet, ha propiciado un intenso debate de ámbito nacional tras firmar el inicio de los trámites de expropiación, tal como prevé la Ley de Vivienda y el decreto posterior que la desarrolla, del usufructo de seis pisos vacíos propiedad de bancos o inmobiliarias en Ibiza, 27 en Mallorca y 23 en Menorca. La medida tendrá un bajo impacto en Ibiza y nulo en Formentera, las islas que presentan una mayor problemática en el acceso de la vivienda.
Una buena intención mal planteada.
Tratar de que la bolsa de viviendas vacías que los bancos heredaron de la crisis financiera salgan al mercado es un objetivo bien intencionado, ya que a mayor oferta, menores precios. Sin embargo, el coste que pagaremos los ciudadanos de Baleares por poner en el mercado 56 pisos es altísimo y no solo en términos económicos. La norma sobrepasa la línea roja del respeto a la propiedad privada, ya que no solo confisca temporalmente un bien de un tercero en base a un discutible interés general, sino que, además, lo hace a un precio inferior al del mercado. Ni una cosa ni otra suceden cuando el interés general necesita ocupar, por citar solo un ejemplo, unas tierras para construir una infraestructura pública. Sienta, además, un peligroso precedente.
Mucho coste para tan poca recompensa.
Las 56 familias que accederán a través de un alquiler social a dichos inmuebles durante un plazo máximo de siete años, periodo que durará la expropiación del derecho de uso, disfrutarán de una vivienda a un precio inferior al mercado gracias al enorme esfuerzo económico de la sociedad, 1,8 millones de nuestros impuestos, y, especialmente, de la administración en términos de costes de gestión para, en una primera fase, incorporar dichos bienes y, en una segunda, gestionarlos. El Govern no debe convertirse en el casero de inquilinos de pisos repartidos en diferentes promociones de viviendas. Es obvio que es mucho más rentable invertir dichos recursos en promover viviendas públicas, incluso más en facilitarlas a operadores privados, lo que permite concluir que estamos ante una medida propagandística y más efectista que eficaz.
