El exponencial crecimiento de casos en Ibiza ha obligado al Govern balear a rectificar una vez más sus palabras, algo que se ha convertido en norma y, por lo tanto, ha dejado de extrañar, y ayer anunció el cierre perimetral de la isla de Ibiza, cuando hasta pocas horas antes el mensaje oficial era que había que dar tiempo a las medidas adoptadas para que surtieran el efecto buscado, que no es otro que aplanar la virulenta tercera curva. Ayer los registros marcaron otra jornada negra, con 366 casos nuevos en Ibiza y 15 en Formentera, lo que deja la escalofriante cifra de 3.349 pitusos contagiados en estos momentos: 111 bajo la vigilancia de Atención Primaria en Formentera, 3.107 en Ibiza, 115 ingresados en planta y 16 en Cuidados Intensivos.
Sin efectos prácticos.
La medida es bienvenida en un momento en el que cualquier esfuerzo por pequeño sea suma, aunque no parece que vaya a tener efectos prácticos relevantes en la isla de Ibiza, ya que el problema no es en la actualidad la importación de casos, máxime con los actuales controles, sino la desbocada transmisión comunitaria. En sentido contrario, Mallorca y las ciudades con conexión aérea directa, Madrid, Barcelona y Valencia, se protegen del riesgo de importar casos con el cierre perimetral. Aunque las autoridades sanitarias no lo afirman todavía, cada vez parece más claro que la cepa británica, más contagiosa pero no más peligrosa, está detrás del crecimiento exponencial que ha sorprendido por su intensidad.
Refuerza el mensaje.
Una de las virtudes de la medida es el efecto pedagógico ante una opinión pública cada vez más concienciada de que la gravedad de la situación obliga a extremar las medidas de seguridad, la prudencia y el cumplimiento de la normativa, incluida la prohibición de reuniones con no convivientes. Al Govern solo le queda el cartucho de cerrar los centros educativos y, con ello, reducir la movilidad, ya que el confinamiento domiciliario y el adelanto del toque de queda dependen del Gobierno y éste no tiene claro si autorizará la modificación del estado de alarma que reclaman las autonomías.
