El acuerdo para la prolongación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 30 de septiembre se antoja como una fórmula de compromiso, un parche del Gobierno para ganar tiempo. Las patronales no ocultan su decepción, en especial por la pérdida progresiva de las bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social, medidas encaminadas a impulsar la actividad después del fin del estado de alarma. En el caso de Ibiza y Formentera los ERTE afectan a 17.000 trabajadores, quienes han vivido horas de incertidumbre ante la falta de acuerdo entre Gobierno y agentes sociales. El anuncio de ayer supone un respiro temporal para empresas y trabajadores que despejan los interrogantes que tenían sobre su futuro inmediato.
Priorizar las ayudas.
Frente a una devastación económica como la que ha provocado la crisis del coronavirus, el Gobierno debería tener claras cuáles son las prioridades para mantener el tejido empresarial, indispensable para el mantenimiento de los puestos de trabajo y la recuperación del país. Cada euro de endeudamiento público debe ser valorado sobre su rentabilidad a corto, medio y largo plazo, prudencia que defienden algunos países de la Unión Europea para justificar sus reticencias al reparto indiscriminado de ayudas. El Gobierno de España, por tanto, debería ser más ecuánime con sus políticas, ya que no tiene sentido racanear los apoyos a las empresas y, en consecuencia, a los trabajadores, mientras en otros campos se vanagloria de su generosidad.
Planificar el futuro.
La fórmula de los ERTE se ha demostrado eficaz para garantizar la supervivencia de muchas empresas, razón de más para mantener esta estrategia dotándola de la necesaria eficacia. Los empresarios, con independencia de su volumen de negocio, necesitan trabajan con un horizonte de previsibilidad que de momento se les niega. El acuerdo hasta septiembre se intuye como un viaje que se prolongará hasta el 31 de diciembre, pero el Gobierno prefiere prolongar la incertidumbre; otro modo de castigar a las empresas.
