Así, no habrá pista de baile y solo podrán abrir aquellos establecimientos con un aforo menor a 300 personas. Además de dichas medidas, a todas luces lógicas y sensatas, el Govern introdujo una durísima medida adicional para dos zonas de Mallorca (Magaluf y algunas zonas de Playa de Palma) y para el West Ende de Sant Antoni: la prohibición para que pueda abrir cualquier local.
Desproporción.
No hemos de olvidar que ya no estamos en estado de alarma y que hemos recuperado la libertad de movimientos y que la única razón que permite adoptar medidas de este tipo es la sanitaria. Es obvio que el riesgo de contagio es el mismo en un local de Sant Antoni que en otro del Platja d'en Bossa o del Paseo Marítimo de Palma. Desde este punto de vista, se trata de una medida arbitraria y de difícil justificación. Más aún cuando pesa sobre esta zona, además de las limitaciones antes reseñadas, un decreto aprobado con el objetivo de evitar el turismo de excesos. La decisión, por lo tanto, está alejada de los principios de igualdad, equidad y proporcionalidad con los que debe trabajar una administración. Es lógica, pues, la protesta de los empresarios.
Autonomía municipal.
Además se ha hecho sin consultar con el Ayuntamiento de Sant Antoni, lo que supone una vez más, como ya pasó con el decreto de excesos y el decreto urbanístico, una injerencia en las competencias municipales. Como no podía ser de otra manera, el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, criticó ayer la medida y respaldó la reivindicación de los empresarios.
