Mucha litigiosidad.
El propio Antoni Terrasa reconoce la preocupación del TSJB por el incremento de la litigiosidad en esta etapa final del estado de alarma, una advertencia que se añade al colapso crónico de la Justicia en Baleares, especialmente en Ibiza, sobre todo después del incendio de la anterior sede judicial ocurrido en febrero de 2019. Miles de casos se acumulan en las dependencias judiciales a la espera de su tramitación, una situación que afecta al conjunto de los procedimientos civiles, penales, laborales y contencioso-administrativos. La dificultad de ganar tiempo al tiempo y de superar el «doble retraso» del juzgado de Ibiza es aún mayor habida cuenta de que se pretenden reducir los trámites presenciales en favor de los telemáticos, lo que en ocasiones supone una dificultad añadida, especialmente durante los primeros momentos de implantación.
Faltan medios.
La situación de la Justicia en Ibiza y Formentera ha de ser considerada como excepcional por el Ministerio de Justicia. Como tal, deberían tomarse medidas de forma urgente para evitar que la crisis del Covid-19 acentúe una situación que ya era precaria. Los jueces deberán hacer frente a un incremento exponencial de asuntos, especialmente en el ámbito administrativo y laboral, sin que estén previstas todavía ampliaciones de medios técnicos y de personal disponibles. El retraso estructural que padecía el juzgado de Ibiza, incrementado por el incendio del anterior edificio y por el parón del estado de alarma requieren medidas contundentes para que en el menor plazo de tiempo la Justicia en Ibiza y Formentera entre en una fase de normalidad.
