Deslealtad de Francina Armengol

No ha habido negociación, ni comunicación.
El Govern no ha tenido la exigible lealtad institucional para comunicar las medidas que habían sido incorporadas totalmente, las que habían sido tomadas en consideración parcialmente o las que habían sido desechadas. Muchos menos de abrir una negociación política para alcanzar acuerdos donde hubiera divergencia. La capacidad legislativa recae en el Ejecutivo autonómico y, desde este punto de vista, es legítimo que apruebe un decreto sin contar con la opinión de los consells insulares. Políticamente no es admisible, no obstante, que el Govern de todos los baleares ningunee a los gobiernos de cada una de las islas, máxime cuando son las administraciones responsables en exclusiva de la competencia en ordenación del territorio y también, salvo el de Mallorca, en ordenación turística, dos de las materias sobre las que se está legislando en este decreto. La realidad y sensibilidad de cada una de las islas merecen ser atendidas.

Medidas bien encaminadas.
Prorrogar la disposición adicional que permite ampliar hoteles y otros establecimientos turísticos, ampliando el crecimiento permitido del 10 al 15% de volumen y eliminado trámites burocráticos para iniciar las obras, es una buena iniciativa que permitirá dinamizar el sector de la construcción al mismo tiempo que facilita la modernización de la planta hotelera que todavía resta por adaptarse. También es positivo permitir las obras de reforma en suelo urbano con una declaración responsable. Dejar fuera de la medida, no obstante, las obras de reforma en suelo rústico es un sin sentido.