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Apartir de mañana, el martes en el caso de Balears, miles de trabajadores volverán a incorporarse a sus respectivas empresas cuya actividad no se considera ‘esencial'; es el punto de partida del primer decreto de alarma que aprobó el Gobierno y que fue reforzado con medidas más severas de confinamiento para doblegar la curva de contagios. La medida, que ya fue perceptible ayer en la reactivación de muchas obras de construcción, está generando una importante polémica por cuanto algunos epidemiólogos y determinadas comunidades autónomas –entre ellas la balear– discrepan en la relajación de la limitación en el movimiento de la población; en especial al no poder considerarse controlada la expansión del COVID-19 y tratarse, por tanto, de una decisión exclusivamente política.

Protocolos de seguridad más severos.
La reactivación en el sector de la construcción, legal desde el pasado Viernes Santo, genera notables suspicacias entre la población. La aplicación de protocolos de seguridad más estrictos en las Islas tratan de reducir el peligro en el repunte de contagios, medidas anunciadas ayer por el titular de la Conselleria de Treball, Iago Negueruela, pero que dejan en el aire las posibilidades reales de control sobre su cumplimiento. No hay duda de que el sentido de la responsabilidad es el mayoritario, tanto de empresarios como de trabajadores. La cuestión es si, y por referirse en exclusiva a Balears, hay suficientes elementos de protección para todos los trabajadores que estos días se incorporarán a sus empresas.

Transporte público seguro.
Una duda similar se extiende al compromiso del Gobierno central a la hora de garantizar la distribución de mascarillas a todos los usuarios del transporte público a partir de mañana, circunstancia que obliga a un despliegue logístico sin precedentes en nuestro país. Más allá del vaivén de criterios respecto al uso de las mascarillas, el equipo de Pedro Sánchez pone mucho de su crédito en juego a partir de mañana.