La sentencia del Tribunal Superior (TSJB) que anula el decreto que regula la exigencia de competencia lingüística del catalán entre los profesionales de la sanidad pública balear, un fallo promovido a instancia del recurso que presentó el sindicato CSIF, ha generado una honda preocupación en el sector. Las consecuencias más inmediatas plantean dudas e incertidumbre entre los profesionales afectados, pero también sobre sus efectos en la contratación de personal para cubrir la demanda creciente de un servicio de una prestación esencial. La anulación del decreto, que previsiblemente recurrirá el IB-Salut ante el Tribunal Supremo, recupera la exigencia del catalán como requisito para el acceso a la función pública del personal sanitario.
Reabrir el debate.
Más allá de las cuestiones formales del decreto anulado, trascendentales según el parecer del TSJB, sería un error pretender reabrir el debate sobre si la exigencia del conocimiento de la lengua catalana –cooficial con el castellano en Balears– debe ser un requisito, como exige la Llei de Funció Pública, o un mérito. Hay un derecho irrenunciable de los ciudadanos de las Islas a ser atendidos por un trabajador público en su idioma propio, sea catalán o castellano. Así es y así debería seguir siendo mediante los medios legales adecuados. Ello no significa que no se deba trabajar para minimizar los efectos colaterales más negativos de la sentencia.
Huir del alarmismo.
El IB-Salut y el Govern tienen que trabajar con urgencia para garantizar la asistencia sanitaria de calidad en los centros públicos. Hay en la actualidad mecanismos que permiten la contratación de profesionales para atender la demanda, en especial durante el período estival. Ello no debe significar la renuncia a la defensa del idioma propio de Balears en todos los ámbitos, además de, por supuesto, un trato ecuánime a todos los trabajadores públicos.
