La advertencia, por parte de los servicios jurídicos del Gobierno, de inconstitucionalidad de las cuestiones centrales de la futura ley de vivienda del Govern pone en cuestión una de las normas más emblemáticas de la legislatura. Todos los partidos del Pacte tienen, como así lo reflejan las encuestas, en el encarecimiento del mercado inmobiliario –en especial la oferta en régimen de alquiler– uno de sus principales objetivos políticos.
La propuesta legislativa pretendía introducir medidas correctoras que, en opinión de los expertos de Madrid, consideran que rebasan los límites de la Constitución. Esta es la primera ocasión que se pronuncian desde que el socialista Pedro Sánchez llegó al palacio de la Moncloa.
Un proyecto aparcado
Los reparos jurídicos a la ley balear de la vivienda no son menores. Afectan, de hecho, a los aspectos más emblemáticos referidos a las medidas destinadas a detectar bolsas de inmuebles que se retienen con fines especulativos para obligar a que salgan al mercado.
El texto preparado por el Govern comprometía a las entidades financieras y grandes tenedores, pero también la complicidad de empresas suministradoras, notarios, etc. Toda una red que vulnera principios constitucionales, al menos en opinión de los técnicos del Gobierno.
Cabe recordar que la interposición del recurso ante el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno garantiza la paralización de la tramitación de la ley en el Parlament.
Acuerdo a contrarreloj
El Govern deberá sopesar con sus socios si rebaja las aspiraciones de su ley de vivienda para resolver el trámite o, por el contrario, rechaza su enmienda para dejar la decisión final en manos del Tribunal Constitucional.
La decisión no es sencilla, y menos cuando se está a poco más de medio año de la celebración de las elecciones autonómicas. En esta ocasión el reproche llega desde las mismas filas ideológicas.
