El hecho de que la Sindicatura de Comptes haya comenzado a vigilar los complementos de todas clases que cobran los funcionarios autonómicos revela los puntos oscuros de alegalidad con que funciona el autogobierno balear tras más de treinta años de desarrollo institucional. La regulación legal hasta el más mínimo detalle es imprescindible en toda administración pública cuando se trata de los pluses que cobran los servidores públicos.
Evitar suspicacias.
La pasada crisis económica, ya superada, educó al conjunto de la sociedad en el rechazo del derroche cuando de las arcas públicas se trata. Los tiempos del endeudamiento desmedido y de los gastos sin sentido han pasado para siempre. Hace falta una institución autonómica eficaz, precisa y clara en el manejo del dinero, sin suspicacias. Pero de la misma manera, es justo que existan pluses para determinados segmentos de empleados públicos, comenzando por la sanidad porque su tarea implica a menudo llevar a cabo guardias, horas extraordinarias o una dedicación muy intensa. Pero esta necesidad de compensar tanto esfuerzo ha de estar perfectamente articulada. Es comprensible que la Sindicatura de Comptes haya comenzado a vigilar como se pagan estos pluses.
Asunto político.
Una de las alegalidades detectadas es que existen ‘pactos privados' para recibir complementos que no están amparados ni siquiera en las mesas de contratación. Acabar con estas nebulosas, que incluso pueden crear tensión entre los propios colectivos afectados, es un asunto eminentemente político que debe solucionarse con una acción legal seria y rigurosa que sea debatida y aprobada en el Parlament. Este tipo de situaciones sólo se resuelven con transparencia, luz y taquígrafos. No sólo en lo que concierne a pagos de pluses, sino también para conocer y comprender con mayor profundidad los problemas de los servidores públicos que desempeñan las tareas de más responsabilidad.
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