El anuncio de prolongar de manera indefinida la huelga de los trabajadores de Eulen que realizan las labores de control de seguridad en los accesos al aeropuerto barcelonés del Prat, decisión todavía pendiente de lo que decida la asamblea que convoque el comité de empresa, ha provocado la reacción del Gobierno. A partir del lunes, agentes de la Guardia Civil asumirán estas labores, medida que pretende resolver el actual colapso que provoca enormes colas y esperas de los pasajeros para pasar los controles. El conflicto está deteriorando la imagen turística de Catalunya y de Barcelona, que estos días está registrando un elevadísimo tráfico de pasajeros por aquellas instalaciones.

Controlar las concesiones.
La raíz del conflicto reside en la rebaja salarial aplicada por la nueva empresa concesionaria del servicio, Eulen, además del del deterioro de las condiciones laborales de sus trabajadores. La situación ha acabado derivando en un conflicto en uno de los servicios más sensibles de cualquier aeropuerto: los controles de seguridad. En un momento de especial sensibilidad por todo aquello que hace referencia a la vigilancia sobre cualquier amenaza terrorista, bajar la guardia sería una temeridad. La cuestión, en este caso, pasa por contrastar el papel de Aena, la empresa estatal que gestiona los aeropuertos, en el momento de adjudicar a empresas privadas servicios tan delicados como el de la seguridad.

Solidez o victoria.
Privatizar determinados servicios puede suponer un ahorro económico significativo para la Administración en una primera instancia, pero éste no puede ser el único factor a tener en cuenta. Aena, en este caso, debe velar por garantizar el cumplimiento de las condiciones del contrato con Eulen, que debería incluir desde la formación de sus trabajadores hasta su nivel de remuneración. Privatizar un servicio no debe ser una puerta a la despreocupación por la calidad del servicio, tanto del que lo presta como del que lo recibe.