EditorialEivissa30/05/16 0:00
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La pobreza energética se está manifestando como uno de los síntomas crecientes de la crisis, cuyos efectos de devastación social eran inimaginables y que han obligado a buscar fórmulas para solventar las carencias de servicios básicos que genera. La creación de un fondo de rescate en el que trabaja el Govern es una buena prueba de ello, aunque la propuesta todavía está en una fase embrionaria, ya que se busca la complicidad de las grandes empresas suministradoras de electricidad y gas en la dotación de este fondo. El problema es grave y afecta cada vez a más ciudadanos pero la solución no es sencilla ya que obliga a resolver el previsible conflicto jurídico que conlleva.

El precedente catalán. La norma aprobada por el Parlament de Catalunya ha sido suspendida al haber planteado el Gobierno un conflicto competencial ante el Tribunal Constitucional, un escollo importante a sortear desde Balears si la intención del Govern es lograr un marco legal que paralice con eficacia los cortes de luz y gas a familias necesitadas. Falta por conocer algunos detalles importantes –en Catalunya se planteaba un aplazamiento de pagos y no una condonación de la deuda–, pero es necesario aplaudir que se quiera resolver un conflicto real que se extiende como una silenciosa mancha de aceite entre las capas más desfavorecidas de la sociedad.

　

Nuevas prioridades. La recesión económica, con unas consecuencias que ya se están cronificando tal y como se advertía en el reciente balance de Càritas, obliga a establecer nuevas prioridades en la atención social. La mejora de algunos indicadores en Balears no puede servir de pretexto para dar por resuelta la situación de miles de ciudadanos y sus familias que se siguen viendo en la tesitura de tener que elegir entre cubrir sus necesidades de alimentación o vivienda frente a las facturas de electricidad o gas. Hablar de una sociedad solidaria significa no abandonar a estas personas y condenarlas al frío y la oscuridad.