EditorialEivissa04/12/15 0:00
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La anulación de la declaración independentista del Parlament de Catalunya dictada ayer por el Tribunal Constitucional por unanimidad no ha sorprendido a nadie. Confirma, en todo caso, que las propuestas del secesionismo catalán quedan fuera del actual marco constitucional vigente en España. Todo ello significa, por desgracia, que el problema sigue vigente y que las batallas jurídicas que gana sucesivamente el Gobierno no resuelven el conflicto. La decisión de los magistrados del TC sólo sirve para ganar algo de tiempo, hasta el 20-D, pero abordar la reclamación de la convocatoria de un referéndum sobre una hipotética Catalunya independiente sigue pendiente de respuesta por parte de Madrid, así como la necesidad de una reforma constitucional.

El bucle. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al que no le faltan los apoyos del principal partido en la oposición, el PSOE, y alguna de las formaciones emergentes más potentes, como Ciudadanos, da la impresión de que se encuentra cómodo con este bucle judicial interminable en las relaciones con la Generalitat y las principales instituciones catalanas. Amparados por el Tribunal Constitucional, PP, PSOE y C's evitan ofrecer soluciones a una demanda soberanista que cuenta con un amplio respaldo ciudadano en Catalunya. Parapetarse en el Constitucional no conduce a nada, al contrario, agrava la situación.

Diálogo político. Bloquear la salida del movimiento secesionista catalán –muy importante, con mayoría de escaños aunque no de votos en las últimas elecciones autonómicas– es un error y se generan nuevos adeptos a la reivindicación de una expresión democrática sobre el encaje de Catalunya en España. Es preciso reconducir un proceso independentista que se sustenta, en buena medida, en la falta de diálogo, flexibilidad y altura de miras de los actuales dirigentes, tanto en Madrid como en Barcelona. Los comicios del 20-D ya no pueden significar un nuevo punto de partida, pero deberían permitir vislumbrar una salida.