Así como ha anunciado Pedro Sánchez este viernes, a partir de este sábado 14 de marzo España estará en estado de alarma durante 15 días. Pasadas esas dos semana, el Congreso de los Diputados tiene la capacidad de modular y aplicar la medidas necesarias para coordinar y controlar la situación.
Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad, el número de infectados por coronavirus en España alcanzó este viernes los 4.209 casos, 1.244 más que los 2.965 del jueves, mientras que el número de muertos asciende a 120.
¿Que puede prohibir la declaración?
Con el decreto de alarma es posible limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.
También practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias, así como «intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados».
Es posible asimismo limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad, e impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados Ante crisis sanitarias, la ley especifica que el Gobierno podrá adoptar todas las normas establecidas para la lucha contra las enfermedades infecciosas.
Las medidas concretas las dará a conocer Pedro Sánchez este sábado.
¿Cuánto tiempo dura el estado de alarma?
El estado de alarma en principio tiene una duración de 15 días. No obstante, puede prolongarse si el Gobierno lo considera necesario. Cuando el Gobierno decide decretar el estado de alarma debe dar cuenta de ello al Congreso así como de todos los decretos que dicte al amparo del mismo.
¿Pueden poner sanciones por el incumplimiento?
Sí. Las sanciones pueden ser leves o graves dependiendo de la infracción.
¿Cuántas veces se ha aplicado en España el estado de alarma?
Es la segunda vez que se aplica en democracia. La primera vez fue en diciembre de 2010, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió aplicarlo ante la huelga de controladores aéreos.
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