Los abogados del 'frente de cárceles' de ETA reconocen que actuaron bajo las directrices de la banda terrorista

Así lo aceptan todos los acusados después de que hayan llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y las acusaciones que reduce sustancialmente sus condenas, lo cual implica admitir su participación en la estrategia de ETA para mantener a los miembros del EPPK (colectivo de presos) políticamente activos, con una actitud permanente de «lucha» en el interior de las prisiones.

Una estrategia que rechazaba a los que se querían acoger a la legalidad para mejorar su situación penitenciaria, pues esto se entendía como una maniobra en «contra» del colectivo de presos que cuestionaba el carácter «político» de la «lucha» que les había llevado a prisión, lo que podría generar una desmovilización mayor de los presos.

El acuerdo se ha materializado este lunes durante el juicio que se ha celebrado en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), donde se han sentado en el banquillo los conocidos abogados de etarras Arantza Zulueta y Jon Enparantza y el exsenador de Bildu Iñaki Goioaga, entre otros.

El presidente del tribunal, el magistrado Alfonso Guevara, ha ido llamando uno por uno a los 47 acusados y el fiscal, Miguel Ángel Carballo, les ha preguntado si reconocen los hechos objeto de acusación, a lo que todos han respondido con un escueto 'bai' o 'sí'. A continuación, las partes personadas en el procedimiento han renunciado a la presentación de prueba durante la vista oral.

En virtud del acuerdo de conformidad alcanzado con Fiscalía y acusaciones, la inmensa mayoría de los acusados aceptan condenas de 2 años de prisión, por lo que al carecer de antecedentes la mayoría no entrará, por participación activa en organización terrorista. La excepción son Arantza Zulueta y Jon Enparantza, quienes en calidad de «dirigentes» aceptan 3 años y medio y dos años y 7 meses de cárcel, respectivamente, además de inhabilitación absoluta de un año y medio más y libertad vigilada de un año.

Los 47 abogados, acusados de delitos que van desde la participación activa en organización terrorista, colaboración y financiación del terrorismo hasta enaltecimiento y quebrantamiento de medidas cautelares, reconocen ahora la importancia que tenía para ETA la cohesión y fidelidad de los miembros del colectivo de presos hacia la organización terrorista y sus planteamientos estratégicos.

En el 'frente de cárceles' de ETA se agrupaban varias organizaciones que trabajaban sectorialmente a favor de los presos y huidos de la banda terrorista: el colectivo de abogados BL, la organización de apoyo a presos Herrira, la asociación de asistencia sanitaria Jaiki Hadi o la de familiares de reclusos Etxerat. Fue desarticulado en las operaciones 'Jaque', 'Mate' y 'Pastor' practicadas en enero de 2014, enero de 2015 y marzo de ese mismo año.

Con el acuerdo alcanzado entre las partes, el colectivo de abogados (los 'bertsolaris' o 'pintores') reconoce su integración orgánicamente en una estructura que dependía directamente de ETA, siendo todos sus miembros plenamente conscientes de esta situación y de que las actividades de asistencia jurídica y de recopilación de información que realizaban servían para complementar las actividades de la banda. Y así, admiten que era ETA la que definía las líneas generales que debían seguir para la defensa jurídica de los miembros del colectivo de presos.

BUSCAR COHESIÓN Y OBTENER INFORMACIÓN

También hacen constar los acusados que junto a su asistencia jurídica a los presos se unía una política basada en el adoctrinamiento ideológico de los presos de ETA y la cohesión dentro del EPPK. Asimismo, se buscaba mantener informada a ETA de las posturas y actitudes personales y políticas de los presos con respecto al proyecto político de la organización terrorista. Con todo ello, anteponían los intereses generales de la estrategia de ETA a los particulares de los presos a los que defendían jurídicamente.

Para llevar a buen puerto toda esta estrategia, los abogados hacían rondas de visitas a los internos dos o tres veces al año, como así se desprende de los documentos incautados por los investigadores en los que se reflejan planificaciones de esas rondas y el reparto de prisiones entre los letrados. En las visitas explicaban a los presos de las iniciativas de movilización y recababan toda la información que los internos les transmitían.