La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Foro Independiente Judicial (FIJ), Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) --a la que se encuentran adscritas la actual ministra de Justicia y la fiscal general del Estado, María José Segarra-- y Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) convocaron el pasado 22 de mayo la segunda huelga de estos colectivos en España, que resultó ser la primera que hicieron de forma conjunta. Las reivindicaciones que entonces se llevaron ante el Ministerio dirigido por el 'popular' Rafael Catalá son bien conocidas por Delgado, ya que participó en ella.
No obstante, según destacaron varias asociaciones tras una reunión que mantuvieron con Delgado, ésta les confesó que no compartía la huelga y que las negociaciones sobre las reivindicaciones de los miembros de las carrera judicial y fiscal se podían ver afectadas.
Unas «advertencias» que han sido rechazadas por cinco de las asociaciones, en un comunicado dado a conocer este viernes, al considerar que es una técnica que «recuerda épocas ya superadas» y que tiene el objetivo de «amilanar» para evitar la convocatoria.
Entre las reclamaciones, los jueces vuelven a exigir el reforzamiento de la independencia judicial, la modernización de la Administración de Justicia y la mejora de las condiciones profesionales. Por su parte las asociaciones de fiscales pedían la derogación del sistema de plazos máximo de instrucción, la paralización de la implantación de la justicia digital, la atribución a la Fiscalía General del Estado de la formación de los fiscales, la independencia del Ministerio Fiscal y su autonomía presupuestaria.
«NUNCA HAY DINERO NI INTERÉS»
Con el cambio de gobierno el pasado mes de junio, las asociaciones recordaron a la sucesora de Catalá, la fiscal de la Audiencia Nacional Dolores Delgado, todas sus exigencias y acordaron dar un margen al nuevo equipo ministerial para ver si éste tomaba alguna medida al respecto. Tras cinco meses del Gobierno de Pedro Sánchez, los representantes de jueces y fiscales consideran que no ha habido ningún avance, ni hay ninguna «oferta concreta» porque «nunca hay dinero ni interés».
Por todo ello, el pasado 25 de octubre, las siete asociaciones volvieron a llamar a protestar y fijaron en el calendario el 19 de noviembre para realizar otro paro laboral. Ante esto, el Ministerio se reunió con los representantes de las asociaciones los pasados 7 y 12 de noviembre para estudiar de nuevo las reclamaciones e intentar evitar la huelga.
Fue entonces cuando Delgado recordó que la Mesa de Retribuciones, que tanto han reclamado las asociaciones, fue convocada después de 15 año. También les comunicó que algunas de sus reivindicaciones ya se encontraban en pleno trámite parlamentario, como es el caso de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) sobre licencias y permisos --ultimándose en el Senado--; o la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que limita los plazos de la instrucción de causas penales, sobre el cuál ya se ha debatido en el Congreso de los Diputados la importancia de no paralizar su estudio.
Por otro lado, les informó de la convocatoria de otras 300 plazas de oposición para jueces y fiscales, y la intención de incrementar la plantilla del Ministerio Fiscal en 80 plazas, así como la creación de 75 órganos judiciales.
«TODO SON PROMESAS»
Sin embargo, las asociaciones consideran que «todo son promesas y largas» y que no hay ninguna «oferta concreta». Por ello, han mantenido la convocatoria de la huelga general. A esto se suma, el rechazo expresado públicamente del acuerdo alcanzado entre el PP y PSOE para que el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena sea el nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial, ya que consideran que así no se garantiza la independencia judicial tan reclamada.
«La situación crítica que atraviesa la Justicia --anticuada, obsoleta, insuficiente, lenta-- es salvada únicamente por el esfuerzo diario de quienes trabajamos en Justicia», afirmaron las organizaciones el pasado 13 de noviembre.
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