Agentes de la Policía Nacional buscan desde primera hora de este martes datos del referéndum ilegal del 1 de octubre en la sede del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), el organismo al que encargó que digitalizara y actualizara el censo Josep Maria Jové, exsecretario general de la Conselleria de Vicepresidencia y Economía y número dos de Oriol Junqueras.
El encargo se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) el 18 de septiembre, dos días antes de que 14 altos cargos de la Administración catalana (entre ellos Jové) fueran detenidos en el operativo de la Guardia Civil contra el núcleo duro que preparaba el 1-O, también por orden del titular del Juzgado 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer.
Tras la detención de Jové, fuentes del Idecast (órgano estadístico dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda) señalaron que el encargo con la firma del número dos de Junqueras "no tenía nada que ver con el referéndum".
Se ceñía, según explicaron a Europa Press, a la delimitación territorial de las secciones censales, que son unidades geográficas de un máximo de 2.000 habitantes que sirven para la elaboración de censos electorales pero también para muchas otras utilidades, como por ejemplo la planificación del transporte público.
Este martes, el juez Ramírez Sunyer ha autorizado el acceso al Idescat para proceder al volcado de información y tratar de recabar más datos sobre cómo se obtuvieron los datos personales de ciudadanos, según confirman a Europa Press fuentes policiales. De esta forma, se reactiva la investigación sobre las gestiones al margen de la ley del Govern del expresidente Carles Puigdemont para celebrar el referéndum, a pesar de las prohibiciones judiciales.
Horas antes de abrirse los colegios electorales el 1-O, el entonces portavoz de la Generalitat, Jordi Turull, anunció por sorpresa que se había habilitado un censo universal para facilitar la votación ante la previsible actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado, a las que el TSJC había ordenado que auxiliaran a los Mossos d'Esquadra para impedir el referéndum.
Desde entonces, la Guardia Civil ha recabado a instancias judiciales pruebas que vendrían a acreditar, como ha sostenido en varias ocasiones el Gobierno y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que el 1-O no hubo referéndum porque no existió un censo cumpliendo los requisitos legales, ni tampoco "ningún tipo de recuento".
CESICAT, CTTI Y UNIPOST
Con tal fin, agentes del Instituto Armado acudieron antes del 1-O a las sedes del Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (CESICAT) y al Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI), otros de los organismos claves en los planes de la Generalitat, para bloquear los servicios informáticos.
El pasado 9 de octubre, fuentes de la investigación informaban de que los expertos informáticos de la Guardia Civil estaban convencidos de que sus 48 horas de "actividad frenética" desde el sábado al domingo día 1 habían impedido que la Generalitat de Cataluña dispusiera de "ningún tipo de recuento ni verificación" que pudiese legitimar los resultados, como trató de hacer la noche del 1-O el Govern.
El 19 de septiembre, un día antes de la detención de Jové, la Guardia Civil intervino en diferentes sedes de la empresa Unipost más de 45.000 certificados de notificación cerrados, dispuestos por ciudades y poblaciones de Cataluña, para su remisión a ciudadanos en el proceso de montaje del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional.
El registro fue por el Juzgado Número 3 de Terrassa, en funciones de guardia, y el Ministerio del Interior destacó que se había conseguido intervenir gran parte de las comunicaciones oficiales necesarias para la formación de las mesas electorales.
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