Puigdemont, en libertad con la obligación de permanecer en Bélgica

El juez ha dictado la «prohibición de salir del territorio belga sin acuerdo del juez de instrucción, residir en una dirección fija y presentarse personalmente cuando sean convocados por las autoridades judiciales o policiales», según ha anunciado más tarde la Fiscalía de Bruselas. Ninguna de estas medidas son recurribles.

Poco antes de la medianoche se ha visto salir un furgón de las dependencias de la Fiscalía de Bruselas, en cuyo interior se encontraban al menos Toni Comín y Lluís Puig.

En el lugar aguardaban, además de numerosos periodistas, media docena de catalanes residentes en Bruselas, que a la salida del furgón han gritado 'No esteu sols' ('No estáis solos') portando una bandera catalana y una 'estelada'.

La Audiencia Nacional remitió a última hora del viernes las cinco órdenes europeas de detención y entrega dictada por la Audiencia Nacional por rebelión, sedición, malversación de fondos públicos, prevaricación y desobediencia.

Los abogados de los cinco miembros del exGovern y las autoridades judiciales belgas han estado desde entonces en contacto para acordar la entrega voluntaria, que se ha producido a primera hora de este domingo en la sede de la Policía federal en Bruselas.

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A las 09:17 horas del domingo han sido privados de libertad y han prestado declaración ante el juez de guardia designado para tramitar el procedimiento de instrucción. EN 15 DÍAS, AL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

A partir de ahora, el dossier será transferido por el juez de instrucción a la Cámara del Consejo (tribunal de primera instancia) en donde Puigdemont y los exconsellers serán citados para comparecer en un plazo de 15 días.

A partir de entonces, el tribunal tendrá otros 15 días para tomar una decisión sobre la petición de las autoridades españolas de extraditar a las cinco personas.

Las partes podrán recurrir la decisión primero ante la Corte de Apelación, que tendrá también 15 días para pronunciarse, y, en última instancia, ante la Corte de Casación, que cuenta con el mismo plazo para tomar la decisión definitiva.

La euroorden establece un plazo máximo de 60 días para resolver los procesos de extradición entre dos Estados miembros, un periodo que podría ser ampliado otros 30 días, hasta los 90, en casos excepcionales.

Con todo, la Fiscalía ha precisado que estos plazos se aplican a las personas sobre las que pesan órdenes de extradición y que están detenidas, por lo que en caso de que los arrestados sean puestos en libertad los plazos podrían ser «mucho mayores».