AEDE entiende que el texto aprobado por el Congreso limita el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz sobre temas de actualidad y de interés público.
Los editores de prensa recuerdan a los poderes políticos que "el derecho a la libertad de información es un derecho protegido por el artículo 20 de la Constitución, y que constituye el pilar básico del estado de derecho. Sólo un ciudadano informado puede ser un ciudadano libre".
AEDE recuerda también que en la necesaria ponderación entre los derechos de imagen y el derecho de información, "son los jueces y no los poderes políticos quienes deben fijar los límites".
Los editores de prensa insisten en que "ningún gobierno, institución, empresa o colectivo puede limitar el derecho constitucional de los ciudadanos a estar informados".
AEDE solicita al Senado "que elimine los riesgos que para el derecho a la información introduce el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Debe seguir garantizándose el derecho constitucional a la libertad de información de los ciudadanos y de sus medios de comunicación".
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