La amnistía fiscal no exime de delitos previos

«Siendo yo secretario general del Tesoro, publicamos varias notas en las que se decía de forma clara que la naturaleza y finalidad de la regularización era estrictamente tributaria y no afectaba a las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales», recordó esta semana Fernández de Mesa en su comparecencia en el Congreso.

Cuando el Ejecutivo, con el objetivo de hacer aflorar dinero no declarado, aprobó en el marco de los presupuestos para 2012 un programa de regularización de activos ocultos que establecía un gravamen especial del 10 % para todas las rentas que salieran a la luz, surgieron dudas de qué pasaba con los delitos asociados.

Y como «el Gobierno siempre se ha tomado muy en serio el asunto de la prevención del blanqueo de capitales», Fernández de Mesa ha trasladado que fue el Tesoro, que entonces él dirigía, quien publicó varias notas en las que aclaraba que la amnistía no regularizaba ni legitimaba actividades ilícitas.

En esas notas se instaba a los bancos a que continuaran aplicando «con el máximo rigor y diligencia todos sus mecanismos preventivos» y fruto de estas advertencias, explican fuentes conocedoras, surge la idea de una lista de sospechosos de haber cometido algún delito y haber aprovechado la amnistía.

Es precisamente en esa lista, confeccionada por la Agencia Tributaria para ser remitida a la unidad de inteligencia de blanqueo de capitales, el Sepblac, en la que figura el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.

El ex director gerente del FMI se acogió a la amnistía fiscal en 2012 para regularizar su patrimonio y a raíz de ello la Agencia Tributaria comenzó a investigar un «complejo entramado societario familiar», explicaron fuentes próximas al proceso.

Fruto de ese trabajo y ante la duda del origen de los bienes declarados, Hacienda incluyó a Rato en un listado de 705 personas sospechosas de haber podido blanquear capitales con la amnistía.

A partir de ahí pasó a ser el Sepblac el encargado de profundizar en la investigación para confirmar si existían indicios de delito y comunicarlos a la Fiscalía, que denunció los hechos y precipitó que ayer un juez decretara, con carácter urgente, el registro de propiedades de Rato en busca de pruebas.