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La Audiencia Nacional ha confirmado este miércoles la prisión incondicional del exdirigente del PP Francisco Granados, considerado el cabecilla de la trama Púnica, por formar parte de una organización criminal que dota «a sus componentes de cuantiosos medios económicos» que podrían serle de ayuda « en la planificación de una eventual huida ».

Así lo ha acordado la sección cuarta de la Sala de lo Penal en un auto en el que rechaza el recurso que interpuso Granados contra la decisión del juez Eloy Velasco de enviarle a prisión sin fianza el pasado 31 de octubre.

En su recurso, Granados alegaba la posible ilegalidad en su detención judicial al superar las 72 horas, a lo que los magistrados -Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel- responden que no hubo ilegalidad alguna porque en principio se trató de una detención policial a la que siguió posteriormente una detención judicial.

«La detención policial del recurrente se produjo a las 9.15 horas del día 27 de octubre, y la judicial a las 20 horas del día 29, habiendo pues transcurrido entre la una y la otra 58 horas y 45 minutos», explican.

Finalmente, tras tomarle declaración, el juez Velasco decretó su prisión incondicional el 31 de octubre, «dentro del plazo legal previsto de 72 horas, por lo que resulta incierto a todas luces la vulneración» alegada, exponen.

La defensa de Granados, que ejerce el exfiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina, apeló también en su recurso a una falta de motivación en el auto de prisión.

A este respecto la Sala le recuerda que el caso está secreto y por ello «necesariamente han de omitirse datos concretos relativos a las operaciones investigadas con ramificaciones en paraísos fiscales, así como las relaciones y vinculaciones entre los imputados, pues en caso contrario se pondría en peligro la causa».

En cuanto al riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, la Sala recuerda que a Granados se le atribuye «formar parte de una organización criminal dedicada a perpetrar esta clase de delitos, que dota a sus componentes de cuantiosos medios económicos, potenciales ayudas que puede obtener el recurrente en la planificación de una eventual huida».

«Por otro lado resulta muy probable que el recurrente intentara destruir, alterar u ocultar fuentes de prueba por su capacidad de interferencia e influencia sobre otros imputados, testigos o peritos», añade la Sala.

Velasco considera en el auto de prisión que Granados formó parte de la trama de corrupción municipal y regional destapada en la operación Púnica y que la usó «también en beneficio propio».

Afirma además que en la investigación se han identificado varias operaciones inmobiliarias que podrían haber sido en realidad una contraprestación a Granados por parte de empresarios que recibieron adjudicaciones gracias a su mediación.

Según Velasco, el que fuera secretario general del PP madrileño es titular de «algunas de las cuentas» en un banco suizo que las autoridades helvéticas entendieron sospechosas de blanqueo de capitales «agravado».

Además de la de Granados, la sección cuarta ha confirmado esta semana la prisión incondicional que dictó Eloy Velasco para el también presunto cabecilla de la Púnica y socio de Granados, David Marjaliza, y para Pedro García Pérez, directivo de Cofely, la empresa multinacional que obtuvo numerosos contratos en diversos municipios a través de esta red.

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