La orden de Torres-Dulce, cuya propuesta se dirige contra Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Educación Irene Rigau por los delitos de desobediencia, malversación, prevaricación y de obstrucción a la Justicia o usurpación de atribuciones judiciales, incluirá las precisiones de carácter técnico realizadas durante la reunión.
Según las mismas fuentes, además de varias reticencias de carácter técnico referidas a los delitos propuestos, tan solo dos fiscales han mostrado dudas de calado sobre la procedencia de interponer una acción penal contra los responsables de la Generalitat. Se trata del fiscal del Tribunal Supremo Pedro Crespo y del jefe de la Fiscalía de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas.
El primero ha manifestado reticencias respecto de si una resolución del Tribunal Constitucional, un órgano no forma parte del ordenamiento jurídico en sí, debe ser considerada directamente ejecutable; mientras que el segundo ha mantenido que la acción de la Fiscalía debería realizarse en apoyo a las demandas ciudadanas que ya han llegado contra Mas al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
El debate se ha desarrollado en tono cordial y cada uno de los intervinientes ha ido exponiendo su postura sin que se haya producido ninguna votación. Fuentes de la Fiscalía General han señalado que lo ocurrido se inscribe en la «normalidad estatutaria» ante la discrepancia planteada por el fiscal de Cataluña a cumplir la orden que le formuló Torres-Dulce el pasado lunes.
Al término de la reunión el único en atender a la prensa fue el fiscal del Tribunal Supremo y exfiscal jefe de la Audiencia Nacional Eduardo Fungairiño, quien afirmó que durante cuatro horas ha dado tiempo a discutir el fondo de la propuesta de Torres-Dulce y que él se había posicionado a favor de la misma.
Propuesta de Torres-Dulce
En su propuesta ante la cúpula fiscal, cuyo contenido será el que previsiblemente remitirá la Secretaría General Técnica a la Fiscalía de Cataluña, se sostiene que el contenido de la orden de suspensión dictada por el Tribunal Constitucional (TC) el pasado 4 de noviembre fue «absoluta, tajante e inequívoca», «no dejaba margen alguno a la duda» y afectaba a toda actuación que contribuyera a impulsar el denominado proceso de participación.
Según esta propuesta, que fue defendida por Torres-Dulce durante la reunión la suspensión del Tribunal Constitucional afectó también a las actuaciones que no se hubieran formalizado jurídicamente «precisamente para prevenir actuaciones materiales en fraude de ley o vías de hechos buscadas intencionadamente para impedir su eventual impugnación». En los actos de impulso de estas actuaciones participaron de forma «personal y directa» Mas y su vicepresidenta, según el fiscal general.
«El incumplimiento de dicha orden, consumado en el curso de la jornada de votación del 9 de noviembre, ha lesionado de manera efectiva otro bien jurídico: la integridad de la jurisdicción del TC y la eficacia de su tutela cautelar del orden constitucional», añade la propuesta de modo tajante. Los hechos a su juicio «integran todos los elementos delito de desobediencia».
Frente a esta postura los 24 fiscales de Sala presentes en la Junta tenían la mantenida en la eunión que celebraron el lunes los nueve miembros de la Junta de Fiscales de Cataluña y que fue remitida a la Fiscalía General del Estado para justificar su negativa a interponer la querella. Los criterios mantenidos por los fiscales catalanes eran totalmente opuestos a los de la Fiscalía General.
Según esa acta, los fiscales opinaron que el hecho de que el Tribunal Constitucional (TC) no dirigiera a la Generalitat una advertencia expresa en la providencia por la que suspendió la consulta alternativa «parece responder a una decisión meditada» de este órgano y dificulta que pueda hablarse de un delito de desobediencia.
La Junta de Fiscales de Sala, cuya opinión no es vinculante, está integrada por 26 fiscales, además de Torres-Dulce, y se trata de cargos que en su mayoría no fueron designados durante su mandato, sino que corresponden al de Cándido Conde-Pumpido. Tan solo tres corresponden a la etapa del actual fiscal general: el fiscal jefe de Siniestralidad Laboral, Anselmo Sánchez-Tembleque; el responsable de la Secretaría Técnica de la Fiscalía Jaime Moreno y el recientemente designado teniente fiscal del Supremo Luis Navajas.
Hoy solo faltaron el fiscal del Supremo Juan Ignacio Campos, que se encontraba enfermo y el fiscal togado militar, Fernando Marín Castán, que aún no ha tomado posesión de su cargo.
La Junta la integran el teniente fiscal del Tribunal Supremo --el recientemente designado Luis Navajas-- varios fiscales más del Supremo, entre ellos Eduardo Fungairiño; los fiscales jefes de la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional,**los responsables de las fiscalías especializadas (Anticorrupción, Drogas, Seguridad Vial, Siniestralidad Laboral, Cooperación Internacional, Extranjería, Menores, Medio Ambiente, Violencia de género) y los jefes en la Secretaría Técnica, de la Inspección y de la Unidad de Apoyo.
Según el artículo 15 del Estatuto Fiscal, esta junta «asiste al Fiscal General del Estado en materia doctrinal y técnica, en orden a la formación de los criterios unitarios de interpretación y actuación legal».
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