El Parlament catalán aprueba la comisión de control de consultas

La comisión esta formada por siete juristas y politólogos de «reconocido prestigio», que deben velar para que las consultas populares no refrendarias se ajusten a los «principios, reglas y requisitos» que establece la Ley de Consultas, suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional (TC) hace dos días tras la impugnación del Gobierno.

Ha sido precisamente esta cuestión la que ha provocado que el debate sobre la designación de los miembros de esta comisión haya estado cargado de tensión, el PPC y C's han reclamado su retirada del orden del día al entender que desarrolla una ley suspendida y supone traspasar una «línea roja» y una «desobediencia clara» al TC.

Aunque el PSC ha pedido la lectura en voz alta del informe jurídico del Parlament sobre esta comisión, e incluso el primer secretario socialista, Miquel Iceta, ha intervenido para pedir un receso de diez minutos para que los diputados pudieran leerlo con tranquilidad, la presidenta de la Cámara, Núria de Gispert, ha denegado esta solicitud y ha dado paso a la votación normal.

La votación final ha contado con los 86 votos a favor de CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP, y ninguno en contra, ya que PSC, PPC y Ciutadans se han negado a participar.

Los diputados populares han mostrado su indignación exhibiendo sus manos en alto -como si tuviera lugar un atraco- durante una votación en la que no han estado presentes los de Ciutadans, que han abandonado el hemiciclo justo antes de proceder al voto.

La comisión de control, a propuesta de los partidos proconsulta del 9N, la formarán la catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) Mercè Barceló Serramalera; el catedrático del Departamento de Ciencia Política UAB Joaquim Brugué Torruella, y el profesor de Derecho Internacional de la Universidad Rovira Virgili (URV) Alfons González Bondia.

También el catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Girona Miquel Martin Casals; los abogados Marc Marsal Ferret y Benet Salellas Vilar, y el catedrático de Ciencia Política y Administración de la Universidad de Barcelona, Jordi Matas Dalmases.

Durante el debate, el portavoz del PPC, Enric Millo, ha avanzado que su partido llevará a los tribunales esta votación -que ha reclamado que fuera a mano alzada-, porque implica una «desobediencia clara» a la resolución del TC y una «ilegalidad», por lo que puede tener «consecuencias» ante la justicia.

El presidente de Ciutadans, Albert Rivera, ha añadido que se traspasa una «línea roja» y es una «desobediencia» al Alto Tribunal: «Si las mayorías parlamentarias quieren ir, como Oriol Junqueras (ERC), a la insumisión civil desde el escaño y el coche oficial, nosotros no participaremos», ha dicho Rivera, que ha criticado que haya políticos que «se erijan por encima de la ley y la justicia».

Desde el PSC, su portavoz parlamentario, Maurici Lucena, ha justificado la negativa del PSC a votar la comisión, al cuestionar la «legitimidad jurídica» de la votación, pese a reiterar el apoyo de los socialistas a la ley de consultas suspendida.

Jordi Turull (CiU) ha acusado a PPC y C's de «dejadez de funciones» y de lanzar «amenazas": «No pierdan el tiempo en hacer cosas contra cincuenta diputados. Asumo las consecuencias de la decisión de mi grupo si lo llevan ante la justicia», ha dicho el portavoz parlamentario, que ha insistido en que los letrados del Parlament avalan la legitimidad de la votación y «lo demás son imaginaciones».

Algo en lo que ha coincidido la diputada de ERC Gemma Calvet, «convencida de la perfecta legalidad» de la comisión, y ha pedido «rigor y sentido democrático ante las amenazas vertidas": «Hay calles llenas pidiendo que continuemos y nos cojamos a estas grietas jurídicas que aún tenemos para mantener nuestra determinación».

«Si quieren, podemos votar a mano alzada, con urna y con DNI en la mano. No tenemos problema», ha afirmado la portavoz de ICV-EUiA, Dolors Camats, que ha negado que se esté «poniendo en peligro» al Parlament, porque «la ley está suspendida, no anulada», y es «más legítima esta votación que lo que ha hecho» el Estado hasta ahora.

Por último, David Fernández (CUP) ha dejado claro que no aceptará «ninguna suspensión": «Nos declaramos insumisos, desobedientes e insubordinados ante el TC, el Gobierno y el Estado y los que, en nombre de la ley, quieren amordazar la democracia. No pensamos pedir permiso para ser libres ni perdón por serlo», ha sentenciado.