El Gobierno pide informe al Consejo de Estado para recurrir la ley y la consulta catalana

En una comparecencia en el Palacio de la Moncloa, Sáenz de Santamaría ha informado de que el Gobierno ha iniciado los pasos para promover los recursos de inconstitucionalidad contra la ley de consultas y el decreto de convocatoria del referéndum soberanista del 9 de noviembre que hoy ha firmado el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas.

Una vez que el Consejo de Estado emita su informe, ha continuado la vicepresidenta, se reunirá el Consejo de Ministros para que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pueda plantear los recursos ante el TC.

La vicepresidenta ha explicado que el Consejo de Estado deberá emitir su informe en un plazo de 48 horas, lo que permitirá al Consejo de Ministros disponer de ellos en la reunión extraordinaria que celebrará el lunes para acordar la presentación de los recursos.

Dichos recursos, que presenta la Abogacía del Estado en nombre del presidente del Gobierno, incluyen la petición de suspensión de la ley, que será «automática» en el momento en el que el TC admita a trámite el recurso.

Sáenz de Santamaría ha recalcado que una vez suspendida la ley y la convocatoria de la consulta «no puede llevarse a cabo ninguna actuación tendente a ejecutarla, a continuarla o a que surta efecto».

«La suspensión es automática y produce el efecto de que no puede producir ningún efecto de ninguna naturaleza, ninguno con carácter preventivo; se suspende y deja de producir efectos porque se suspende la ley de consultas y el decreto que trae causa de la anterior y que una vez suspendido no se puede continuar ejecutando», ha advertido.

Preguntada por qué es ilegal una consulta no vinculante, la vicepresidenta ha reiterado que un referéndum «lo es con independencia de su carácter vinculante o no» y que la Constitución prevé referendos no vinculantes que, sin embargo, lo son «como la copa de un pino».

Por eso ha pedido a la Generalitat que «tenga muy presente que el carácter no vinculante no es lo que diferencia un referéndum de una consulta».