Hacienda cree que lo que se deberá reintegrar será muy inferior a 13.000 millones

Las mismas fuentes recordaron que los 13.000 millones de euros son, por tanto, el importe que se ingresó por este concepto mientras estuvo vigente, pero no todo se podrá devolver a los contribuyentes, ya que, por un lado, una parte ya está prescrita y, por otro lado, la devolución se hará a quienes lo reclamen y después de las pertinentes comprobaciones de la Agencia Tributaria, inspecciones que llevará su tiempo realizar.

Además, dijeron que lo que ha fallado el TUE es una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, después de que una asociación de transportistas de esta comunidad denunciara por ilegal el céntimo sanitario, por lo que deberá será dicho tribunal, según Hacienda, el que determine ahora quién, cómo y cuándo se debe reintegrar el dinero.

Por todo ello, el Gobierno español considera que el cumplimiento de la sentencia del tribunal europeo llevará varios años y es probable que se alargue «significativamente», también porque el resto de tribunales superiores de Justicia o los tribunales económico-administrativos de las otras 12 comunidades en las que se aplicó el 'céntimo sanitario' pueden iniciar, igualmente, la reclamación que estimen oportuna.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado este jueves que el 'céntimo sanitario' -el impuesto sobre los carburantes que aplicaban algunas comunidades autónomas y cuyos ingresos se destinaban a financiar la sanidad- vulnera la legislación comunitaria.

Los jueces señalan que «no procede limitar en el tiempo los efectos de esta sentencia, ya que el Gobierno español y la Generalitat de Catalunya no obraron de buena fe al mantener este impuesto en vigor durante más de diez años». Ello significa que se abre la vía para que los afectados puedan reclamar la devolución de los 13.000 millones de euros recaudados ilegalmente entre 2002 y 2011, según las estimaciones de las propias autoridades españolas.

El fallo responde a un litigio iniciado por una empresa de transporte establecida en Cataluña. La compañía solicitó que se le devolvieran los 45.000 euros que tuvo que pagar por este impuesto alegando que era ilegal. El caso acabó ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que había pedido a la justicia europea que se pronunciara.

El gravamen en cuestión es el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH), que estaba destinado a financiar las nuevas competencias transferidas a las comunidades autónomas en materia sanitaria, además de actuaciones medioambientales. Estuvo en vigor entre el 1 de enero de 2002 y el 1 de enero de 2013, fecha en la que se integró en el impuesto especial sobre los hidrocarburos.