El recurso del grupo socialista y la Izquierda Plural (IP) está dirigido contra siete artículos y dos disposiciones de la norma. Dichos puntos de la ley atribuyen a la Comisión Nacional de Convenios Colectivos la facultad para acordar la inaplicación de cuestiones pactadas por convenio, dan preferencia al convenio de empresa, establecen un año de prueba en el nuevo contrato fijo para pymes y eliminan los salarios de tramitación, entre otras cosas.
Argumentación
PSOE e IP argumentaron durante la presentación de su recurso que la reforma laboral puesta en marcha por el Gobierno de Rajoy «altera sustancialmente el modelo democrático de relaciones laborales». Entienden que estos cambios atentan contra el papel institucional reconocido a las organizaciones sindicales y empresariales, el derecho a la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva, el derecho al trabajo, el derecho a la tutela constitucional y a la tutela judicial efectiva.
La portavoz del PSOE en la Comisión de Empleo del Congreso, Concepción Gutiérrez, ha emplazado al Constitucional a que resuelva cuanto antes el recurso. El portavoz de IU en el Congreso, José Luis Centella, ha avisado al Gobierno de que sería «una temeridad» seguir aplicando la reforma laboral ahora que el Constitucional va a estudiarla y le ha pedido que la suspenda, un paso que podría evitar la huelga general del 14-N.
La portavoz del PP en la Comisión de Empleo del Congreso, Carmen Álvarez-Arenas, ha asegurado que el Gobierno seguirá adelante con la reforma laboral y ha restado importancia a que el Constitucional haya admitido a trámite un recurso en contra.
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