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Los españoles, incluidos los pensionistas, pagarán en función de su nivel de renta los medicamentos, en un plazo de dos meses, aunque quedan exentos de esta medida los parados sin prestación.

El «copago farmacéutico» ha sido una de las medidas acordadas hoy por el Consejo Interterritorial de Salud, con las que el Gobierno pretende ahorrar 7.000 millones de euros, y que se aprobarán el viernes en el Consejo de Ministros.

La reunión entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas se ha celebrado rodeada de protestas en las puertas del Ministerio y ha suscitado reacciones contrarias en los partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales.

La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha explicado, arropada por todos los consejeros a excepción de la de Andalucía, que los jubilados con pensiones contributivas pagarán un 10% de los medicamentos, con un máximo de 8 euros mensuales para las rentas por debajo de 18.000 euros al año, y de 18 euros para las que superen esa cantidad.

Los ciudadanos activos con una renta inferior a 18.000 euros y las familias numerosas seguirán pagando el 40% del medicamento, como hasta ahora, mientras que los que tengan un sueldo superior a esa cantidad abonarán el 50% de los fármacos, un porcentaje que se eleva al 60% para aquellos con rentas superiores a los 100.000 euros anuales.

Mato ha aclarado que no va a haber copago sanitario y que el abono de los fármacos en función de la renta no tiene un afán recaudatorio sino «disuasorio».

«Los ocho euros al mes que pagarán los pensionistas supondrían menos de 20 céntimos diarios en caso de que fueran todos los días a la farmacia», ha argumentado la ministra, quien, no obstante, ha pedido disculpas a este colectivo y ha destacado que gracias a esta medida no habrá copago sanitario.

En este sentido, ha recordado que España es el segundo país del mundo en consumo de medicamentos y que el año pasado se tiraron 3.700 toneladas de ellos, lo que ha supuesto un derroche de 1.200 millones de euros.

En esta reunión, se ha decido poner coto a los abusos que comenten los extranjeros que reciben atención sanitaria en España, para lograr que no se pierdan anualmente 1.000 millones de euros por tratamientos que reciben en este país y que luego no se pueden facturar.

Con este fin, se ha corregido una directiva europea incompleta, donde faltaba un párrafo en el que se prohibía de forma explícita desplazarse a España solo en búsqueda de atención sanitaria. «Hay europeos que tienen más derechos sanitarios que muchos españoles», ha aseverado.

Desde la oposición, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha considerado esta medida «la peor fórmula» posible para ahorrar en materia de sanidad.

«Hay medidas diferentes a las que plantea el Gobierno para ahorrar en gasto sanitario, y si el PSOE tiene que elegir entre que los pensionistas paguen o que las empresas farmacéuticas tengan menos beneficios, nos quedamos con lo segundo», ha subrayado.

En los mismos términos se ha manifestado la consejera de Salud de Andalucía, María Jesús Montero, quien ha alertado de que muchas de estas medidas son la «antesala» para, posteriormente, provocar el «desmantelamiento del Sistema Nacional de Salud».

El consejero del País Vasco, Rafael Bengoa, ha asegurado estar de acuerdo con el 80% de las actuaciones consensuadas y se ha mostrado en desacuerdo con el «copago», al considerar que «no es la solución a los grandes retos que tenemos planteados en España» y que va a afectar a los pacientes crónicos.

El titular de Sanidad de Cataluña, Boi Ruiz, ha opinado que la participación de los ciudadanos en el gasto farmacéutico es importante pero «insuficiente» para los problemas de financiación que tiene la Sanidad, por lo que ha abogado por aplicar más medidas.

Algunos de los grupos contrarios al «copago» se han concentrado frente a Sanidad desde primera hora de la mañana, entre ellos la Plataforma Social en Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos, que agrupa a cuarenta organizaciones sociales y sindicales.

Sus integrantes han entregado una carta a Mato en la que denuncian que «un segundo copago o repago» en las prestaciones farmacéuticas, más allá de su «poca efectividad» recaudatoria, va a disuadir de la adquisición de medicamentos a los sectores con menos recursos y a los pacientes crónicos.

Desde los colectivos profesionales, el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, ha afirmado que es necesario introducir «el sentido económico» en el «despilfarro sanitario» que hay en España.

Rodríguez Sendín ha considerado que el copago farmacéutico en función de la renta «es una solución más de las muchas que se pueden barajar desde el punto de vista técnico».

En representación de la tercera edad, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) ha criticado el copago por parte de los pensionistas porque tiene un elevado contenido recaudatorio y lo han calificado de «socialmente injusto».

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