La Fiscalía de Madrid denuncia a los controladores aéreos por sedición

La acción de la Fiscalía no se dirige expresamente contra un número concreto de controladores, ni contra los 26 que fueron citados a declarar por la propia Fiscalía madrileña ni contra el total de los 175 que podían ser investigados, sino contra los controladores «en general».

La denuncia fue presentada en el Decanato de los Juzgados de Madrid, que la enviará a reparto, y en los próximos días se conocerá qué órgano judicial es el encargado de tramitar el procedimiento contra los controladores.

Abandono colectivo

El delito que el fiscal imputa a los controladores también es el de sedición, previsto en el artículo 20 de la Ley de Navegación Aérea, que establece penas para los empleados de aeropuertos «que, en número suficiente para perturbar el servicio, abandonen colectivamente sus funciones en la aeronave o el aeropuerto, en actitud de protesta, desobediencia coactiva o represalia».

El Código Penal, en su artículo 545, fija que se impondrán penas de cuatro a ocho años de prisión y la inhabilitación especial para empleo o cargo público por ese mismo tiempo a aquellos que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición.

El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo Esteban, aseguró ayer que no ve «descabellado» que se solicite el embargo de bienes de los controladores aéreos en el marco de las diligencias penales que se inicien con motivo de la huelga secundada los pasados 3 y 4 de diciembre que paralizó el espacio aéreo español.

Esteban subrayó que «en absoluto» es una posibilidad que se pueda descartar, justificada en la finalidad de asegurar las responsabilidades civiles que se deriven del proceso penal.