Francisco García y Alberto Moya, dirigentes de sendos sindicatos de guardias civiles, ayer en rueda de prensa. | Efe

El Ministerio del Interior ordenó ayer abrir expedientes disciplinarios a los responsables de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y de la Unión de Oficiales (UO) por haber dicho que el Gobierno, al prohibirles manifestarse, les trata «como a terroristas de ETA».

La orden ha partido del director general de la Policía y de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, que considera que el secretario general de AUGC, Alberto Moya, y el presidente de UO, Francisco García, han vertido «graves acusaciones contra diversas Instituciones y autoridades del Estado» que podrían constituir una infracción del Régimen Disciplinario del Cuerpo.

Fuentes del instituto armado explicado que ahora se designará un instructor que tendrá que decidir si las manifestaciones de Moya y de García son sancionables y, en ese caso, si constituyen una falta grave o muy grave, después de lo que propondrá el archivo del expediente o la imposición de la correspondiente sanción.

Represión

Las manifestaciones que han motivado la incoación de los expedientes han sido hechas por Moya y por García en una rueda de prensa convocada esta mañana para expresar su postura ante la decisión de la Delegación del Gobierno en Madrid de prohibir la manifestación que habían convocado para el próximo día 18 para pedir la equiparación de su jornada laboral a la de la Policía Nacional.

«La Delegación del Gobierno, teledirigida desde el Ministerio del Interior, trata a la Guardia Civil como a terroristas de ETA. Han rastreado nuestras páginas web», denunció Moya, mientras que García acusó al Ejecutivo de meter a los miembros del instituto armado «en el mismo saco» que a los colaboradores de la banda.

Tras conocer que Interior ha ordenado que se incoe un expediente disciplinario a su secretario general, el responsable de prensa de AUGC, Manuel del Alamo, dijo que esta decisión «abre la caja de los truenos» y supone un «agravio» y una «represión brutal» contra los representantes de los guardias civiles